Agencias.- El exalcalde de Yaiza (Lanzarote) José Francisco Reyes ha confesado ante la Audiencia de Las Palmas que, durante su mandato (1998-2007), «diferentes promotores y constructores» le sobornaron con 300.172 euros para que autorizase hoteles en Playa Blanca a sabiendas de su ilegalidad.
La Audiencia de Las Palmas tiene previsto juzgar a partir del 20 de marzo el «caso Yate», el macrojuicio abierto a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente por sus sospechas de que el crecimiento turístico que experimentó Playa Blanca hace una década no solo incurrió en irregularidades administrativas, sino que esconde numerosos delitos de prevaricación, cohecho y contra el territorio.
Nueve de los once procesados en el «caso Yate» han presentado ya escritos en los que aceptan los cargos que les imputan la Fiscalía y la acusación ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, entre ellos, el principal protagonista de la trama, el exalcalde de Yaiza, que está a punto de sumar una nueva condena a su historial.
En un documento al que ha tenido acceso Efe, Reyes reconoce formalmente que cometió todos los delitos contra la ordenación del territorio que le achacan y que sabía que la docena de hoteles y complejos de apartamentos que autorizó en Playa Blanca y Marina Rubicón contravenían el planeamiento y carecían de varios informes.
También admite que, gracias a ello, se embolsó 300.172 euros que le pagaron «como recompensa» diferentes empresarios y que empleó en comprarse cinco coches (78.764 euros), un barco de recreo (148.840 euros) y un equipo de «spa» (24.449 euros), así como en pagar la entrada de un piso para sus hijas en La Laguna (55.118).
José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote, se enfrentaba antes de firmar esta confesión a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de 30 años de cárcel, 135 de inhabilitación y más de seis millones de multa, como presunto autor de tres delitos de prevaricación urbanística, uno de prevaricación administrativa, cinco de cohecho, uno de malversación, uno de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios.
Los escritos que Reyes y otros ocho procesados han entregado a la Audiencia dejan constancia de que sus defensas han llegado a un acuerdo con las acusaciones, que hace ya mucho tiempo que formularon sus cargos, aunque podrían modificarlos en el mismo momento de inicio del juicio en vista de la colaboración que prestan.
La acusación pública, ejercida por los fiscales de Medio Ambiente Javier Ródenas e Ignacio Stampa, sostiene que el exalcalde de Yaiza «aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio, para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores» de los hoteles que se construyeron en su municipio, otorgando «de manera masiva» licencias de obra, hasta el punto de que llegó a autorizar en un solo día más de 1.500 nuevas plazas turísticas.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias subraya en su calificación provisional que Reyes «tiene el récord de haber autorizado en tres días siete grandes establecimientos hoteleros en Yaiza, a sabiendas de la ilegalidad de su otorgamiento por su manifiesta contradicción con las normas urbanísticas en vigor».
En su escrito de confesión, el exalcalde dice estar dispuesto a ayudar a la Justicia a «identificar a los restantes responsables» de lo ocurrido en Playa Blanca y, para empezar, señala que su mujer y tres hijos se beneficiaron de los sobornos que cobró en esos años, con conocimiento de «la procedencia ilícita de ese dinero».
Reyes admite que le pagaron «dádivas» por sus decisiones ilegales las empresas Construcciones Isla de Lobos (por múltiples concesiones de obras), Gestión y Desarrollo Janubio (por la construcción de un hotel y un complejo de bungalós) y la sociedad Puerto Deportivo Rubicón (por varios permisos para la construcción de esa marina y de las instalaciones hoteleras y de ocio que se ubican en ella).
También ha confesado su responsabilidad en los hechos el interventor del Ayuntamiento de Yaiza en aquellas fechas, Vicente Jesús Bartolomé Fuentes, que admite que cometió prevaricación en los informes que emitió a favor de la concesión de licencia de obras a la sociedad Puerto Deportivo Rubicón, así como en la tramitación del plan parcial de Playa Blanca.