La infanta Cristina es absuelta por la Audiencia de Palma en el saqueo de las arcas públicas de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos que organizó el cuñado del rey Felipe VI junto a su exsocio Diego Torres
Iñaki Urdagarin, cuñado de Felipe VI, ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por el saqueo de 6 millones de euros públicos de las arcas públicas de Baleares y Valencia. Su esposa, la infanta Cristina, ha sido absuelta de haberse beneficiado junto a su marido de1,2 millones de euros públicos desviados a la sociedad matrimonial Aizoon.
La Audiencia de Palma ha notificado a mediodía la sentencia del caso sobre el Instituto Nóos, propiedad de Urdangarin y de su exsocio Diego Torres, quien ha sido condenado por este saqueo, realizado a base de llevarse elevadas comisiones con pretexto de organizar actos, congresos e investigaciones para fomentar el deporte y el turismo con el marchamo de los entonces duques de Palma.
El Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros del Gobierno balear, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid. Se calcula que la trama desvió 2,6 millones de euros en beneficio propio y creó un plan para defraudar a Hacienda.
La sentencia sobre los 17 procesados llega casi once años después desde que saltó el escándalo, destapado cuando un diputado socialista autonómico –Antoni Diéguez- pidió explicaciones por el elevado coste de un acto sobre turismo y deporte organizado por Urdangarin y Torres para el Govern balear.
La corrupción salpica a la familia real
La corrupción del Gobierno del popular Jaume Matas era investigada en el caso Palma Arena que iba adquiriendo dimensiones de macrocausa. El juez instructor, José Castro, abría pieza a pieza a medida que crecían los indicios de numerosos amaños en distintos contratos.
El 20 de julio de 2010 el juez Castro, titular del juzgado de instrucción 3 de Palma, abrió la “pieza separada número 25” para investigar los amaños en los contratos del ejecutivo autónomo con el Intituto Nóos, dirigido por el entonces duque de Palma y Diego Torres. Era el famoso caso Nóos.
El entonces rey Juan Carlos I había sido alertado previamente de la gravedad de lo que se investigaba en la capital de las Islas Baleares, y trató de impedir que Urdangarin continuara con sus negocios. Para ello, consiguió que fuera enviado a trabajar a Estados Unidos, con la infanta Cristina contratada por Telefónica.
Desde allí el cuñado de Felipe VI continuó con sus negocios, como ha quedado acreditado en el juicio: recibió 1,6 millones de euros de beneficios entre 2006 y 2008 a pesar de haberse desvinculado de Nóos en apariencia.
La casa real creó un cortafuegos alrededor del entonces duque de Palma, que arrastró a Cristina de Borbón por no quererse separar de su marido.
Una infanta en el banquillo
Todos los intentos por impedir que una infanta de España se sentara en el banquillo fracasaron, incluida una petición de pago/oferta de más de 2 millones de euros a Manos Limpias para que retirara la acusación popular contra ella.
Se contrató a un abogado de renombre como Miquel Roca, padre de la Constitución para impedir que la infanta fuera procesada. Cristina de Borbón tuvo que declarar el el 8 de febrero de 2014 ante el juez.
Ante el tribunal
La infanta Cristina, su marido, el socio de éste, Diego Torres, y otras catorce personas fueron juzgadas en 2016, entre el 11 de enero y el 22 de junio, jornada en la que el proceso quedó visto para sentencia en manos de las magistradas del tribunal de la Audiencia de Palma que deberán aplicar la ley: Samantha Romero (presidenta y ponente), Eleonor Moyà y Rocío Martín.
Durante el juicio, la infanta Cristina declaró que su marido ingresaba sus emolumentos en Aizoon -la sociedad que poseen al 50%- y que confiaba en él, siempre estuvo asesorado por los especialistas de la casa real que realizaban sus declaraciones de la renta.
Las peticiones de condena
Iñaki Urdangarin se enfrentaba a una petición de condena de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo. Mientras, la acusación popular elevaba sus peticiones a 26 años y 6 meses de cárcel.
A Cristina de Borbón solo la acusaba Manos Limpias, que pedía una condena de 8 años de cárcel por colaboración en dos delitos fiscales, mientras que la Fiscalía solo la considera responsable a título lucrativo por un importe de 587.413 euros.
Por su parte, Diego Torres era acusado de los delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. La Fiscalía pedía para él 16 años y medio de condena, petición que Manos Limpias elevaba a los 22 años y medio.
El expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas fue procesado por los delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. La Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad de Baleares pedían para él un total de 5 años de cárcel; peticiones que Manos Limpias elevaron a 11 años.
El resto de procesados son Ana María Tejeiro, esposa de Torres; su hermano y contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el exdirector general de Deportes de Baleares José Luis «Pepote» Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía; y el exsecretario de esta misma institución Miguel Ángel Bonet.
También se sentaron en el banquillo el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo Luis Lobón; los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia José Manuel Aguilar y Jorge Vela; la ex responsable jurídica de esa sociedad pública, Elisa Maldonado; y la ex consejera delegada de la candidatura Madrid 2016 Mercedes Coghen.