Debate PNL Parlamento
Entrevistas a Ana Glez. y Francisco Déniz
SB-Noticias.- El pasado miércoles el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición no de Ley que plantea un nuevo concurso de radio para las emisoras con mayor papel social y cultural y la suspensión de cualquier expediente sancionador y la ejecución de sanciones impuestas por infracción administrativa derivada del concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Asimismo se aprobó la petición de convocar un nuevo procedimiento de adjudicación de licencias de emisión, que regule de forma diferenciada la situación de aquellas radios que no tienen fines comerciales y que cumplen una importante labor social y cultural.
La propuesta salió adelante pese a las “medias tintas” de los grupos de CC y ASG, que no quisieron aceptar la suspensión de cualquier expediente sancionador y la ejecución de sanciones impuestas por infracción administrativa derivada del concurso anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La diputada socialista Ana González defendió la iniciativa, por la que se pide la suspensión de los expedientes sancionadores que se hayan llevado a cabo contra las emisoras de Onda Herreña, Radio San Borondón y Radio Murión, dimanantes del concurso anulado por el TSJC, dejando sin efecto por tanto aquellas decisiones que se hubieran adoptado como consecuencia del mismo.
Cabe destacar que el texto inicial planteado por el grupo socialista -al que se sumaron los grupos Nueva Canarias y Podemos- planteaba la puesta en marcha de un procedimiento de revisión de oficio de los expedientes sancionadores “dejando sin efecto, por tanto, aquellas decisiones que se hubieran adoptado como consecuencia y, en particular, las que afectan a Radio Onda Herreña, Radio San Borondón y Radio Murión”.
Sin embargo el Partido Popular condicionó su voto a favor a que la redacción fuera la que finalmente resultó aprobada por mayoría.
Socorro Beato, en nombre de Coalición Canaria desechó tanto la propuesta de convocar un nuevo concurso, insistiendo en que el Gobierno tienen que cumplir la sentencia del TSJC que le obligó a retrotraer el concurso al momento del reparto de las frecuencias.
Asimismo, CC rechazó también el punto dos de la proposición no de Ley que planteaba la suspensión de los expedientes sancionadores.
Desde el Grupo Mixto, la Agrupación Socialista Gomera, finalmente se abstuvo, viniendo a apoyar de esta manera, como está siendo habitual, las tesis de Coalición Canaria.
Francisco Déniz (Podemos) reclamó a CC que no sólo se trata de legalidad, y le recordó que el Gobierno de Canarias tiene capacidad para dejar en suspenso las sanciones y los expedientes.
“Tras el chapucero concurso de frecuencias -afirmó- o todas las radios son legales o todas ilegales, pues el concurso a quedado invalidado”.
Déniz pidió voluntad y sensibilidad política, e hizo referencia a las situaciones dramáticas que la mala gestión del Gobierno ha causado a las emisoras de radio sancionadas, que han venido realizando una importante labor social y cultural, demostrando pluralidad de ideas.
El Diputado de Podemos destacó que es la primera vez que CC pierde una votación en el Parlamento “las cosas están cambiando porque Coalición Canaria ahora por su situación en minoría, tiene que actuar con sentido común y trabajar más, en este caso han tenido que presentar enmiendas y defenderlas, no como antes, que simplemente se limitaban a pasar el rodillo de la mayoría”.
Francisco Déniz asegura que se ha logrado un acuerdo histórico en el Parlamento, pues el hecho de que CC reconozca que gestionó mal y que hizo una chapuza de concurso es muy importante.
Finalmente tuvo palabras para el promotor del Concurso de frecuencias, Paulino Rivero, aseverando que en buena medida, las consecuencias de su mala gestión en el Concurso de frecuencias le costó su puesto como Presidente.
En representación de Nueva Canarias, Esther González aludió también a la chapuza que significó el concurso de licencias de radio del Gobierno de Canarias, y aseguró que dada la sentencia del TSJC está demostrado que el gobierno conculcó la Ley.
Además hizo alusión a que este concurso dejó damnificados, pues hay casos de empresas que se vieron obligadas a cerrar o que quedaron arruinadas al tener que asumir cantidades tan importantes de multa.
Destacó además que esta situación ha empobrecido la información e impedido la pluralidad en Canarias y que ha atentado contra la democracia y uno de sus pilares básicos: la libertad de información y de opinión.