SB-Noticias.- Santiago Pérez recuerda que estas normas “constituyeron un dique legal frente a las pretensiones urbanizadoras del PGO del Gobierno de La Laguna presidido por Fernando Clavijo”. Rubens Ascanio indica que, mientras se tramita el Proyecto de Ley Canaria del Suelo, el PGO de La Laguna ha entrado en un tiempo de espera con el objetivo de poder acogerse a una norma claramente “liberalizadora y desreguladora de la gestión del territorio y de los recursos naturales del Archipiélago”.
Los Grupos municipales Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede han presentado una moción firmada por sus portavoces, Santiago Pérez y Rubens Ascanio, para que el Pleno de Corporación lagunera exprese su “rotunda oposición” a la Derogación de las Directrices de Ordenación General, prevista por el Proyecto de Ley Canaria del Suelo. Ambos ediles consideran que estas normas constituyen la principal garantía jurídica del patrimonio de suelo agrícola y del desarrollo sostenible de La Laguna, tal y como ha quedado demostrado en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.
El acuerdo solicita que se dé traslado del mismo al Gobierno de Canarias y al Parlamento, así como a los Grupos parlamentarios para que sea tomado en consideración en el procedimiento legislativo de la nueva Ley Canaria del Suelo.
Santiago Pérez y Rubens Ascanio recuerdan que ya en la legislatura anterior. gracias a estas Directrices, tanto el servicio de Planeamiento de la Corporación lagunera como la COTMAC formularon reparos impidiendo que la aprobación provisional de un PGO con fuerte vocación urbanizadora pudiera seguir su curso.
Sin embargo, el Proyecto de Ley Canaria del Suelo, que se tramita en el Parlamento de Canarias, pretende la derogación de las Directrices de Ordenación General, lo que ha dado lugar a importantes reparos y objeciones tanto por el Consejo Consultivo de Canarias (dictamen 244/2016, pág. 155), como por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, debido a la inseguridad jurídica que produciría.
Santiago Pérez opina que las normas contenidas en las Directrices “constituyeron un dique legal frente a las pretensiones del PGO del Gobierno de La Laguna presidido por Clavijo, que autorizaba la urbanización de 6.2 millones de suelo agrícola en Punta del Hidalgo, Bajamar, Tejina, Valle de Guerra, Guamasa, La Vega de Aguere y Geneto-Los Baldíos, tal como pusieron en evidencia reiteradamente los Informes de la COTMAC, así como la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), en sus alegaciones”.
Del mismo modo informa de que el Servicio de Planeamiento y Planificación del Ayuntamiento estimó, en su informe preceptivo para la aprobación inicial del PGO, que La Laguna podría albergar a una población de 338.000 habitantes si se cumplieran los objetivos urbanizadores plasmado en la propuesta de planeamiento general del Gobierno municipal.
Por su parte, Rubens Ascanio asevera que, mientras se tramita el Proyecto de Ley Canaria del Suelo, el PGO de La Laguna ha entrado en un tiempo de espera con el objetivo de poder acogerse a una ley claramente “liberalizadora y desreguladora de la gestión del territorio y de los recursos naturales del Archipiélago”.
Ascanio considera que con la Ley del Suelo se pone en marcha una auténtica opa hostil contra la amplia legislación que se ha desarrollado en Canarias en esta materia, optando por fragmentar la decisión sobre qué se hace en cada zona, básicamente en los municipios. “Parece que Clavijo trata de dar rienda suelta a sus propios “traumas” con respecto a su paso por el área de Urbanismo y la alcaldía lagunera, mientras se debatía su Plan General, por lo que toma el camino de eliminar lo que él entiende que son trabas y que desde nuestro punto de vista son herramientas que garantizan el cumplimiento de la legalidad”, manifiesta.
Finalmente, Santiago Pérez destaca que por su trascendencia para la protección del suelo agrícola de La Laguna, que forma parte de los de mayor calidad edafológica de Canarias, serían de gran relevancia las directrices 48.2.c) al equiparar el suelo agrícola con el capital financiero; la 58.2.b), al exigir que se justifique el interés general para poder reclasificar los suelos agrícolas; la 62.1, que preserva de la urbanización los suelos rústicos, estén o no en cultivo; la 67.1, que debe justificar la cantidad de suelo urbanizable necesario, según el razonable crecimiento de la población y, por último, la 84.1, al primar el uso más eficiente de las infraestructuras existentes, sobre las de nueva implantación.