Hay una serie de eslóganes que han trascendido pasando de ser reclamos publicitarios a formar parte de nuestro acervo personal. Constituyen una pieza fundamental de nuestro ecosistema mediático y de nuestro bagaje cultural porque “un diamante es para siempre”. Refieren los lingüistas que eslogan proviene del gaélico escocés y significa “grito de guerra” de ahí el título de esta reflexión, “El lobby, que gran ladrón”, perdón tragón, al conocer que durante este mes, diciembre, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha experimentado una subida del 30%.
Ante esta información algún incauto dirá “a mi plín” hasta que se percate que esto significa que el precio ha pasado de 40 a 60 euros por Megavatio-hora (MWh). De nuevo el gobierno, que permite al lobby de la energía campar a sus anchas, nos atraca con una subida porque “ha vuelto a casa por Navidad”, es lo que tiene el síndrome de Estocolmo de los desleales diputados del PSOE que han permitido volver a gobernar a Rajoy olvidando que “el algodón no engaña” y “si bebes no conduzcas”.
Cada año el sistema eléctrico cierra con superávit. El Gobierno prevé que este año será de unos 110 millones de euros. Este superávit se sumará a los casi 470 millones de 2015 y a los 550 millones de 2014, lo que supone un excedente de 1.130 millones de euros. Parece inaudito, al menos para el ciudadano medio preocupado por sobrevivir en medio de esta crisis, que teniendo superávit nos aumenten el recibo. Llegados a este punto, un espacio publicitario diría “Piensa en verde”, pero piense usted en el color que quiera porque el problema, según relata el Gobierno, ese que “sigue, sigue y sigue”, es que el excedente, esos 1.130 millones que ya hemos pagado, con nuestro sudor, serán, según establece la ley generada por diputados, para cubrir la amortización de los 28.000 millones de deuda eléctrica acumulada en ejercicios anteriores. Además con Rajoy, el “déspota no te abandona”, han anunciado que los consumidores eléctricos debemos afrontar en 2017 una anualidad de 2.838 millones de euros para amortizar la deuda generada por el déficit de tarifa.
El déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que realmente cuesta distribuir la energía y lo que los consumidores pagan en sus facturas en el concepto de término fijo. En absoluto, es la diferencia entre lo que los consumidores pagamos en nuestras facturas y lo que el Gobierno prometió a las distribuidoras que ingresarían por distribuir. Un modus operandi que demuestra que “hay cosas que el dinero sí puede comprar para eso están las puertas giratorias”. A este respecto han habido y hay muchos políticos “enchufados” en eléctricas. Enchufes plurales, desde políticos de derechas a izquierdas pasando por nacionalistas e incluso familiares de la Casa Real. Nombres como José María Aznar (PP), Felipe González (PSOE), Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (UCD), Miquel Roca Junyet (CiU), Antonio Hernández Mancha (AP), Juan Mª Atutxa (PNV) y Carlos Borbón-Dos Sicilias proporcionan una demostración representativa y orientativa. Con sueldos, según medios de comunicación, que oscilan entre los 60.000 euros de Elena Salgado (PSOE) hasta los 423.000 euros de Marcelino Oreja Arburua (PP), y muchos están ocultos a la opinión pública por impedimento de las empresas contratantes.
Este timo de la factura eléctrica fue implantado por el Gobierno de José María Aznar en el año 1998 a través de la Ley 54/1997 del Sector eléctrico que establece la separación empresarial del transporte, distribución, comercialización y producción creándose subempresas que pertenecen a las mismas empresas transnacionales que conforman el oligopolio del sector eléctrico y que están en connivencia con el poder político. No importó el resultado, lo hicieron “Just do it” con el consiguiente perjuicio para el consumidor pero con grandes beneficios para las empresas del sector. Hay una demostración muy intuitiva de lo que supuso esta ley, que han seguido manteniendo Zapatero y Rajoy. Un autónomo, por ejemplo un fontanero, te repara la rotura de una cañería en tu casa. Se desconocen los costes reales del sector así que se utilizan unos datos ficticios para demostrar de una manera simple este timo. La factura emitida por el fontanero podría ser:
2 horas de trabajo (30 €/hora): 60 €
1 cañería: 10 €
Transporte: 20 €
Total: 90 €
Utilizando torticeramente la ley anteriormente mencionada este mismo autónomo genera tres facturas por tres empresas, que en realidad son de su propiedad pero que están inscritas con tres nombres y contabilidades diferentes. Tendrías que pagar tres facturas, la empresa de transporte:
Uso del vehículo: 10 €
Tiempo de transporte: 10 €
Combustible: 5 €
Conductor: 5 €
Total: 30 €
La empresa de material:
Gestión de compra del material: 5 €
Compra del material: 10 €
Almacenaje del material: 5 €
Total: 20 €
La empresa de reparaciones:
Estudio de incidentes: 10 €
Plus de peligrosidad: 5 €
Plus de desplazamiento: 5 €
Trabajo realizado (2 horas 30 €/h): 60 €
Total: 80 €
El coste total, que se embolsa el mismo autónomo, ha sido de 130 € (30 € + 20 € + 80 €). Consigue un sobrecoste de 40 € por el mismo trabajo. Estos trucos contables son los que utilizan las empresas eléctricas para comprarse y venderse servicios a sí mismos inflando el supuesto coste.
La confabulación entre las eléctricas y sus agradecidos amigos políticos también permitió la construcción de nuevas centrales de gas de ciclo combinado. Un error descomunal que ahora pagamos los consumidores porque no son rentables debido a su escasa utilización. En poco más de diez años realizaron inversiones por valor de 70.000 millones de euros para instalar casi 55.000 MW de potencia nueva que sobredimensionó un mercado que no lo absorbe. No pueden vender un producto que no se puede almacenar. Más de una veintena de grupos de ciclo combinado están paradas y muchas funcionan menos de 1.000 horas frente a las 5.000 que se requieren para ser rentables. Estos errores políticos debido a la aquiescencia con las eléctricas conllevan que en España pagamos por la electricidad más que un noruego, un francés o un austriaco pese a que nuestro nivel de renta es muy inferior.
Otro dato de interés para entender esta estafa eléctrica, “la chispa de nuestra vida”, es que en la subasta eléctrica se asigna el precio del Kilovatio a la fuente más cara entre la puja. En vez de pagar en función del costo ponderado, según el origen de la electricidad, se paga al precio de la más cara que usualmente es la generada por carbón o fuel-oil. Esto quiere decir que la energía proveniente de centrales nucleares o hidroeléctricas, que ya tienen sus plantas amortizadas y cuyos costes de generación son bajos, reciben unos precios muy inflados. De ahí el interés de la cinco grandes empresas en que se siga quemando carbón o petróleo aunque sean importadas, caras y contaminantes.
La entrada de las renovables reduciría el precio de la electricidad de las subastas y disminuiría los derechos de emisión de carbono que tenemos que comprar. El Gobierno de Rajoy ha obstruido el auge de las renovables quitándole primas e introduciendo un peaje para que resulte más caro producir tu propia energía que comprarla a la red. Protegen a las grandes compañías eléctricas criminalizando al ciudadano que apueste por las renovables con multas represivas. A pesar del carácter intimidatorio del Gobierno a este respecto y siendo consciente de la estafa anteriormente mencionada yo apuesto por las renovables porque como decía el eslogan “yo lo valgo” y usted también.