La Ley del Suelo ha comenzado este miércoles su tramitación en el Parlamento de Canarias con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por Nueva Canarias (NC) y Podemos, que han alertado de la «desregulación» que impone el nuevo texto.
El plazo para presentar enmiendas parciales durará hasta el 30 de diciembre y se habilitará el mes de enero para empezar a trabajar, según ha señalado la presidenta del Cámara, Carolina Darias, a la conclusión del debate de primera lectura.
La consejera de Política Territorial y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha comentado que el actual ordenamiento territorial del archipiélago no da «respuestas» a las necesidades de las islas, lo que obliga a unificarlo en un único texto, la Ley del Suelo, ya que hay muchas normas y «contradictorias».
Además, ha señalado que hay un «caos normativo» en Canarias, con 7 planes generales suspendidos por los tribunales –de un total de 29– y un plazo medio de aprobación de ocho años.
Barreto ha comentado asimismo que hay una «confusión normativa» con hasta tres herramientas que afectan al desarrollo y el planeamiento, y ha insistido en tener una «única ley» que sustituya a las Directrices, la ley de armonización y el texto refundido.
A su juicio, es una ley «trascendental» para el presente y futuro de las islas que pasa por el «respeto» a los espacios naturales y la «cultura» sobre el territorio, con «primacía» de lo rústico, el principio de desarrollo sostenible y la simplificación burocrática.
Asimismo, ha comentado que la ley conseguirá a reducir «a la mitad» los años que las administraciones locales invierten en su planeamiento, y ha valorado que se introduzca un nuevo sistema «ágil» para la modificación.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha afirmado que la Ley del Suelo es un «traje a medida» de los grandes empresarios y retrata a la política canaria con el «pacto» de los tres grandes partidos de las islas.
Así, ha criticado que esta ley liberaliza para «construir más», con una «desregulación» del suelo que va a permitir levantar más pisos y hoteles, una «receta mágica» para salir de la crisis.
UN VOTO «MANCHADO DE CEMENTO»
Según Santana, el PSOE ha ejercido un voto «manchado de cemento», casi «tan indigno» como el apoyo a Rajoy en la investidura, y ha lamentado un «análisis riguroso» sobre el supuesto impacto de la burocracia en la tramitación urbanística.
El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha comentado por su parte que la Ley del Suelo es un texto «elaborado en los despachos» sin participación ciudadana que defiende el «núcleo duro» de Coalición Canaria (CC), rechazado por el expresidente canario Paulino Rivero o el expresidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón.
Ha demandado «más tiempo» para alcanzar consenso y un «diagnóstico previo» como se ha hecho siempre en Canarias con leyes de gran calado, como ocurrió con las Directrices de Ordenación, aprobadas por unanimidad.
Rodríguez ha comentado que CC «impone» la ley al PSOE en el «repacto» de Gobierno, lo que ha motivado a los socialistas a tratar de reconducir la supervisión ambiental, por ejemplo, lo que ha generado la alerta en el PP.
El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha dicho que Canarias no puede «prescindir» de la Ley del Suelo porque «ralentiza» el desarrollo económico y «da salida» a la «maraña burocrática» que «lastra» la actividad.
ORDENACIÓN TERRITORIAL «ASFIXIANTE»
De esta manera, ha señalado que la ordenación territorial del archipiélago es «asfixiante», lo que ha llevado al Gobierno a buscar «vericuetos» en el pasado para poder acometer sus propias inversiones.
Ha criticado la «superposición competencial» y el crecimiento de los procesos judiciales por las interpretaciones que genera el «complejo» entramado normativo de las islas, con la Cotmac incluida. «Los cabildos y a los ayuntamientos son instituciones maduras y responsables, a ver si nos enteramos», ha señalado.
Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha acusado al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, de «incumplir» su palabra al prometer que no iba a cambiar el «núcleo duro» de la Ley del Suelo, ya que «para salvar un pacto que está en la UVI», ha aceptado mantener la Cotmac.
Ha dicho que el control ambiental de la Comunidad Autónoma es una «bomba de relojería» para que fracase el proyecto, por lo que su grupo no avala esa medida. «Hoy le manifestamos nuestro apoyo, mañana no le sé decir. Su elección son 48 contra 33, es usted quien tiene que elegir», ha comentado.
Jorge ha explicado que la ordenación territorial de Canarias es un «instrumento perverso» y una «barrera» para el desarrollo económico, con una «coincidencia» de la sociedad canaria de que la situación «no puede seguir así».
La diputada del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha defendido que la Comunidad Autónoma mantenga la evaluación ambiental de los proyectos urbanísticos, un objetivo «irrenunciable», lo mismo que las Directrices, que deben ser más operativas.
Asimismo, ha hecho un recorrido por la posición histórica de los socialistas canarios en la ordenación territorial, apelando a «dejar la puerta abierta» a la búsqueda del consenso respetando los argumentos de todas las fuerzas políticas.
UN PROYECTO «MUY BUENO», SEGÚN CC
Ha dicho que la Ley del Suelo pretende «aglutinar» en una única norma toda la ordenación territorial y abordar los problemas de los planeamientos en las islas, sustituyendo «discrecionalidad» por «transparencia y seguridad jurídica».
Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha afirmado que la «mayoría social» de Canarias está a favor de la Ley del Suelo, dado que hasta 48 diputados de CC, PP, PSOE, y ASG apoyan el inicio de su tramitación.
Ha comentado que en Canarias se ha ido construyendo una «cultura de la preservación del territorio» en las últimas décadas, que «no se toca» en la Ley del Suelo, un proyecto «muy bueno», hasta el punto de que es «el mejor» que ha conocido.
Además, ha dicho que se trata de «conservar» los suelos «más valiosos» de las islas con un texto legal adaptado a los «tiempos actuales», porque tras la crisis económicas, hay «obstáculos normativos» que frenan el desarrollo.