SB-Noticias.- El senador lleva a la Comisión de Fomento una moción por la que se insta al Gobierno de España a no recortar esas bonificaciones que ya están cerradas con empresas y con las que viajan grupos de mayores, deportivos, turísticos o culturales, entre otros.
El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha presentado una moción en la Comisión de Fomento de la Cámara Alta por la que se insta al Gobierno de España a no recortar, respecto a las tarifas negociadas y cerradas con empresas y con las que viajan grupos deportivos, de mayores, turísticos, culturales, etcétera, las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo para los residentes canarios. Asimismo, solicita que cualquier modificación al respecto esté previamente consensuada con la Comunidad Autónoma y que se colabore desde las instituciones para seguir combatiendo el fraude en la gestión de esas bonificaciones.
Cruz recuerda que el Ministerio de Fomento tiene previsto variar, a partir de enero de 2017, esos descuentos que se aplican a pasajeros de tarifas negociadas con el supuesto objetivo de mejorar la lucha contra el fraude, sin que al parecer la medida llegue a tener efecto en relación a los usuarios que adquieran sus billetes a título individual.
Con esta modificación, el Ejecutivo central pretende fijar un precio máximo para esas tarifas negociadas, de tal forma que si los billetes superan el precio máximo, la bonificación podría ser muy inferior a la que se aplica a un usuario individual. Según las informaciones de las que se dispone, Fomento prevé fijar estos precios máximos por ruta en abril de cada año, teniendo en cuenta los contratos firmados con las agendas de viajes y las empresas.
«Estamos de acuerdo en la necesidad de articular medidas para luchar contra el fraude, porque el fin de las bonificaciones es combatir las desigualdades que genera la insularidad, pero también es cierto que ese combate debe realizarse mediante acciones que no perpetúen esa desigualdad», explica el senador, que subraya que la propuesta del Ministerio «provocaría problemas en la movilidad de muchos colectivos del archipiélago y, en consecuencia, un aumento de esa desigualdad con la que se pretende acabar».