Aseguran que una parte sustancial de los más de 2,6 millones de euros en modificaciones presupuestarias y reconocimientos extrajudiciales tratados en el pleno extraordinario de este viernes no se ajustan a la legalidad
Para Unid@s se puede se trata de facturas que en algunos casos vienen de 2007, 2010 y 2011, antes de la aprobación del Decreto de pago a proveedores, en el que nuestro municipio tuvo que pedir prestado más de 105 millones de euros para atender miles de facturas impagadas por los gobiernos de Ana Oramas y Fernando Clavijo. A este respecto pidieron que en el caso de la modificación presupuestaria 42/2016, de 1.533.589,47 euros, se dividieran los conceptos a votar, ya que “hay partidas en las que hubiésemos votado diferente” apuntó José Luis Hernández, edil de Unid@s se puede.
Hernández, expresó en los puntos 2, 3 y 4 del orden del día que según el Artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las facturas, salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años, “siendo muy sorprendente que ahora vengan de hasta nueve años atrás, más aún cuando se produjo el pago a proveedores que supuestamente cubría todas las deudas municipales anteriores a 2012-2013“. Hernández solicitó al Interventor que certificara que en todos los casos los gastos se realizaron sin incumplir la normativa presupuestaria y que fueron en su caso sometidos al trámite de intervención previa, en caso contrario, que certificara en qué casos se incumplió lo previsto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para presentar las correspondientes denuncias.
Por su parte Idaira Afonso, también concejala de la formación lagunera, hizo especial hincapié en la cantidad de pequeñas facturas que existían en el área de Bienestar Social, principalmente de acciones lúdicas, dadas a un mismo proveedor o a proveedores vinculados incluso familiarmente. La edil aseguró que este tipo de gastos se deben hacer en base a un concurso público por un servicio y no mediante un método que ha sido ampliamente denunciado. Afonso entiende que “es un deber de las áreas asegurar que no se tramitan facturas para un mismo fin superando ampliamente lo que establece la ley de contratos públicos.” Usó para ello la referencia a una denuncia realizada por el ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento lagunero del año 2010, Gustavo Matos, que recoge el mismo asunto y sobre empresas similares. Afonso fue muy clara con respecto a los expedientes y las facturas que aparecían en ellos, insistiendo en que «hay que pagar a los proveedores pero en tiempo y forma. No dejar facturas guardadas durante años, porque de eso, ustedes son responsables y demuestra la desastrosa gestión que se ha hecho durante mucho tiempo».
José Marrero por su parte se refirió al más de 1 millón de euros de reconocimientos extrajudiciales del Organismo Autónomo de Deportes (OAD). Reseñó que el alcalde seguía “la estela se sus antecesores, dejando “pufos” sin pagar, con expediente de facturas impagadas que representan casi el 25% presupuesto OAD”. El edil de Unid@s se puede reseñó facturas como las referidas a publicidad y propaganda donde a su juicio “hay nombres vinculados a Coalición Canaria”. Insistió en que “si el nuevo Gobierno quiere seguir la senda de sus antecesores, o no sabe hacer las cosas bien, el alcalde debería dar un paso al lado”.