 Consideraciones previas |
Pía Oramas y peritos judiciales |
| Costas y deslindes |
Con esta contundente y coloquial frase, que causó hilaridad, explicó la ex arquitecta municipal el hecho de que la Playa de Las Teresitas no fuese, aún a día de hoy, suelo urbano consolidado. No es asunto baladí, pues al no tener, entre otros servicios, alumbrado público, no puede ser considerado suelo urbano consolidado y, por ese motivo, no se podía edificar, ya que, entre otras razones, hubiera sido necesario primero adaptar el plan parcial de la playa al plan general de la ciudad. Además, Oramas sostuvo que las parcelas del frente de playa estaban en terreno urbano no consolidado, lo que obligaba a los propietarios a ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, lo cual nunca se hizo. Para poderse construir hoteles en la zona, habría tenido que ser urbanizada y equipada para acoger a los 12.000 habitantes previstos.El 60% de los municipios de Canarias no alcanza esa población, imagínense las infraestructuras necesarias» en la playa, dijo Pía Oramas, en referencia a necesidades de abastecimiento de agua, vías de acceso, alcantarillado o electricidad en un lugar en el que ni había ni hay esos servicios.
Pía Oramas tasó en 18 millones de euros el precio de los terrenos, pero el Ayuntamiento encargó informes externos a Sociedad de Tasación y Tinsa que elevaban el precio a 45 y 60 millones de euros, con la presunta finalidad, según la denuncia del ministerio fiscal, de favorecer a los empresarios promotores y a Caja Canarias, que habría visto comprometida su solvencia dada la cuantía y las garantías del préstamo de 5.500 millones de pesetas, avalado hipotecariamente por unos terrenos que no valían lo pagado.
Finalmente, el Ayuntamiento cerró la compra por 52 millones de euros y ocultó la pericial de su exarquitecta, razón por la cual el Tribunal Supremo anuló la operación. Por este pelotazo se sientan en el banquillo los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que eran los propietarios de los terrenos, así como funcionarios y políticos municipales como el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez.
Por si fuera poco, los terrenos del frente de playa estaban además afectados por el deslinde marítimo terrestre en cinco de las once parcelas hoteleras, de manera que sin cambios en el plan general eran «inedificables» por ser propiedad del Estado, según la versión de Pía Oramas. Los peritos judiciales Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez coincidieron con la exarquitecta municipal, señalando que en esa parcelas había 17.000 metros cuadrados afectados por el deslinde. Las vías de acceso a los edificios de hoteles que se pretendían construir se tendrían que incluir dentro del terreno público marítimo terrestre. Sin embargo los peritos de las defensas fueron contrarios a esta interpretación.
Jordi Duatis opinó que al haber un plan parcial aprobado en Las Teresitas, los derechos edificatorios ya estaban consolidados. Por su parte Javier Domínguez Anadón, muy locuaz y dicharachero en ella sesión de hoy, aseguró que el Cabildo la había situado fuera del ámbito turístico a toda la zona, por lo que se podía urbanizar de forma simultánea a la construcción de hoteles. Gerardo Roger Fernández, otro de los peritos de las defensas, sostuvo la tesis de que el valor urbanístico aprovechable había que peritarlo al 100% y por lo tanto los terrenos tenían más valor. En ese sentido defendió que el plan parcial de Las Teresitas se redactó de acuerdo con la ley del suelo de 1956 y por tanto tampoco se podía exigir a los propietarios la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico en beneficio del Ayuntamiento.
Joaquín Jalvo, el tercero de los peritos nombrados por las defensas de los acusados, sostuvo que el suelo de Las Teresitas era urbano consolidado con carácter de solar, así que era edificable a falta de las obras de urbanización ordinarias imprescindibles. Sin duda ignoraba la oscuridad, que sólo tenía dos postes de luz y sin instalación de saneamiento. Curiosamente, sostuvo la tesis de que aunque había cuatro parcelas afectadas por el deslinde marítimo terrestre, se podía materializar el 100% de los aprovechamientos previstos en las partes no afectadas.
Gerardo Roger Fernández defendió que aunque los terrenos estaban afectados en un 15% por el deslinde marítimo terrestre, en el 85% restante cabía perfectamente toda la superficie edificable prevista en el proyecto de urbanización, por lo que el valor de los terrenos no estaba afectado. La legalidad de ese proyecto de urbanización, presuntamente aprobado por silencio administrativo, también suscitó discrepancias entre la fiscal María Farnés Martínez y los peritos de las defensas.
Según los peritos judiciales designados por el TJSC, el deslinde de 1961 siempre ha estado vigente. Lo estaba cuando se llevaron a cabo las obras de la playa artificial. Lo estaba cuando Inversiones Las Teresitas compró en 1998. Y lo estaba en 2001, cuando el Ayuntamiento entró en la operación.
Jordi Pina, el defensor de Antonio Plasencia, estuvo tan dicharachero como Anadón. Criticó la filtración a algunos medios (www.sanborondon.info lo hizo) que publicaron íntegramente el «anexo b» que desapareció convenientemente de la peritación de SOTASA, aduciendo que «las actuaciones están bajo secreto». Esto provocó la reacción de Astor Landete: «Aquí no hay secreto; estamos celebrando una vista que es pública». Jordi Pina gritó «protesto» varias veces, en plan película americana.