Intersindical Canaria denuncia que la cruzada que viene desarrollando el PP contra la bandera canaria en su 52 aniversario y que ha tenido como brazo ejecutor a la delegación del Gobierno en las Islas, denota el carácter inquisidor, intolerante y autoritario del partido actualmente gobernante.
Sostienen que el Delegado del Gobierno ha cruzado la línea de lo políticamente tolerable para alcanzar sus perversos objetivos, recurriendo a las presiones sobre la judicatura para forzar a ésta a suspender los acuerdos institucionales de ayuntamientos y cabildos que decidían colocar en el entorno de sus respectivos edificios la enseña nacional de Canarias.
La prohibición judicial, que afecta incluso, a las banderas alejadas de las fachadas de las instituciones públicas, es a juicio de Intersindical Canaria una acción de tipo político que plantea serias dudas en cuanto a la independencia que obliga a los pronunciamientos de la judicatura. «Esta drástica y desproporcionada medida dirigida contra el conjunto del nacionalismo canario, la entendemos, además, como un grave precedente de interferencia en la legitimidad democrática de las corporaciones de las Islas y de la ejecución y cumplimiento de sus acuerdos plenarios, de los que, la votación para homenajear a la bandera de las siete estrellas, debe de ser también respetado por todos los poderes del Estado».
El sindicato califica de ponzoñosa y desbocada la campaña de la Delegación del Gobierno en Canarias y del Partido Popular falseando hechos de nuestra historia reciente, vinculando nuestra impoluta bandera nacional canaria con trágicos sucesos con los que ni la bandera ni sus fundadores tuvieron relación «Si que existe certeza sobre el millón de muertos que simboliza la otra enseña tan celosamente defendida por el delegado del Gobierno y el Partido Popular», afirman.
Considera este hecho es un insulto a las diferentes organizaciones políticas y sindicales que tienen como símbolo legal la bandera blanca, azul y amarilla con siete estrellas verdes, pero además y especialmente, injuria a la mayoría de la población canaria que ha hecho suya esa misma enseña como símbolo de su país y de la reivindicación de progreso y libertad.
Por ello, Intersindical Canaria solicita el levantamiento de las prohibiciones judiciales que afecten a la exhibición de las banderas canaria en las instituciones, así como se activen iniciativas públicas e institucionales para la reprobación del PP y de la delegación del Gobierno español.