SB-Noticias.- La RASD ha hecho un llamamiento a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la UE y a todos los defensores de la libertad, la justicia y los DDHH para que intervengan urgentemente y reclamen al ocupante marroquí la liberación inmediata de los presos políticos del grupo de Gdeim Izik y de todos los presos políticos saharauis, que languidecen en las cárceles marroquíes.
El Gobierno saharaui dijo en un comunicado que estos presos son víctimas de juicios abusivos, trato inhumano y que están privados de los derechos más básicos solo por haber cometido el delito de manifestarse pacíficamente para reclamar sus derechos, exigir que se ponga fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y propiciar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia.
Recientemente, el Tribunal de Casación marroquí anuló por defectos de forma la sentencia del Tribunal Militar de Rabat que el 17 de febrero de 2013 dictó 25 condenas por los hechos de Gdeim Izik, el “campamento de la dignidad” que 20.000 saharauis levantaron a 12 kilómetros de El Aaiún para reclamar primero derechos sociales y civiles y después la independencia del Sáhara Occidental y que fue arrasado por el ejército marroquí el 8 de noviembre de 2010.
Hubo nueve condenas a cadena perpetua, una de ellas en rebeldía, cuatro a 30 años de prisión, siete a 25, tres a 20 y otras dos menores que se consideraron cumplidas por el tiempo que llevaban en prisión. Un recluso quedó en libertad por motivos de salud, con lo que 21 condenados continúan en la cárcel de Salé, en Rabat. El juicio deberá ser repetido por un tribunal civil, sin que se haya determinado fecha.
El juicio militar ahora anulado, celebrado en febrero de 2013, fue denunciado por falta de garantías e irregularidades por observadores internacionales y organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que reiteradamente han pedido la libertad de los condenados.
Las defensas de los saharauis denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias y que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Según concluyó en 2014 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, las detenciones fueron arbitrarias y un grupo de parlamentarios marroquíes del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), en el gobierno, solicitó al rey Mohamed VI el indulto para estos presos saharauis.
Para la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, el juicio militar vulneró la legalidad internacional y “tuvo un marcado carácter político utilizado por Marruecos como instrumento contra la población saharaui resistente a la ocupación del Sáhara Occidental”.
Una de las cadenas perpetuas se impuso a Hassanna Aalia, que en el momento del juicio se encontraba en España; pidió asilo pero el Ministerio del Interior se lo denegó y la Audiencia Nacional paralizó la orden de expulsión.
Los reclusos de Gdeim Izik han denunciado repetidas veces las difíciles condiciones en las que se encuentra recluidos y el trato que padecen. La última protesta fue en marzo de 2016, con una huelga de hambre de 37 días.