La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canaria, considera que no es tolerable que la Consejería de Sanidad siga manteniendo unos conciertos que han demostrado sobradamente tanto su ineficacia en relación con las listas de espera como su elevada ineficiencia, al encarecer hasta 7 veces el coste de la asistencia sanitaria. Además, aseguran que no existe una acreditación mantenida de los servicios concertados bajo parámetros de calidad. Lo que nos demuestra la práctica es que la participación privada en el sistema sanitario disminuye la calidad asistencial. Es más creemos que se debe propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresarial cambiando este carácter por el de entidades públicas en todos sus aspectos.
 |
| Guillermo de la Barreda |
Se acaba de inaugurar una nueva práctica comunicacional de la Consejería del ramo al respecto de las dichosas listas, publicar con carácter mensual las listas de espera para cirugía en los diferentes hospitales públicos de las islas y la demora media para ser atendido por un especialista o para una prueba diagnóstica, informaciones que hasta ahora solo se publicaban cada 6 meses «Aplaudimos esta iniciativa al tiempo que exigimos que la información sea veraz, es decir sin maquillajes», advierten desde la Asociación.
La ADSPC explica que los datos a 31 de marzo revelan que las listas de espera quirúrgica experimentan una reducción de un 2,03 % situándose en 30.557 pacientes, 636 menos que el 31 de diciembre, pero la demora media que debe soportar el ciudadano para ser intervenido ha aumentado cuatro días. Los pacientes de la sanidad pública esperan un promedio de 179 días (unos seis meses) para ser operados, aunque la tercera parte de los que están en esa lista (11.104) lleva más de medio año pendiente de la intervención. «Estas cifras oficiales prácticamente a un año de gestión del nuevo Consejero y su equipo -afirman- revelan una situación igual de desastrosa, el enorme número de pacientes que apenas disminuye e incluso un incremento en los que esperan más de 6 meses (en el corte del primer semestre de 2015 era de casi 10.000)».
La Asociación duda sobre la información aportada, respecto a si la reducción es debida a pacientes que realmente han sido intervenidos o a una depuración de las listas de espera de las que se han sacado a los fallecidos, los operados , los curados, los que se han procurado otros medios o los que no se quieren operar, porque no nos cuadra que disminuyan las listas de espera y aumenten los tiempos de demora. Advierten además que llama la atención de que son los Hospitales de Gran Canaria los que más reducen sus listas mientras que los grandes Hospitales de Tenerife las incrementan, con datos como los del HUC que son verdaderamente inaceptables. «La explicación que se nos ocurre es que “ el cocinado de datos” ha sido desigual o que los gestores de Tenerife no sirven, con lo que hay que ‘hacerlos dimitir. Existe también otra posibilidad y es que los gestores han actuado correctamente pero la desigualdad de medios tanto humanos como materiales que existe entre las dos provincias hagan que en Gran Canaria se obtengan mejores resultados».
De estos datos, repetidos año tras año, y otros muchos, sobre los que se cimenta el último puesto que ocupaba la sanidad de Canarias en el informe de 2015 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública «debemos concluir tajantemente la inoperancia de un sistema altamente privatizado sobre todo por la vía de los conciertos o «convenios singulares» que sin dudarlo solo sirven para el enriquecimiento de unos empresarios mientras la sanidad pública se hunde descapitalizada y la población sufre las consecuencias».
Para ADSPC, con el fin de abordar dicha descapitalización es esencial la corrección del déficit fiscal que padecemos cosa determinante para dotar adecuadamente a nuestro sistema de salud, evitando que recaiga, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario. Tal déficit es debido a ese 23% de la población del Estado español, que concentra el poder político y mediático y que paga menos impuestos, muy por encima del 13% de promedio de fraude fiscal en la UE-15, y piensa que no necesita la sanidad pública porque acude a la privada. En Canarias además tenemos que añadir que el fraude fiscal está por encima de esa media estatal.
Se muestran tajantes cuando afirman que «no podemos tolerar que la Consejería de Sanidad siga manteniendo unos conciertos que han demostrado sobradamente tanto su ineficacia en relación con las listas de espera como su elevada ineficiencia al encarecer hasta 7 veces el coste de la asistencia sanitaria». Y añaden que además no existe una acreditación mantenida de los servicios concertados bajo parámetros de calidad. Lo que nos demuestra la práctica es que la participación privada en el sistema sanitario disminuye la calidad asistencial. «Es más, creemos que se debe propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresarial cambiando este carácter por el de entidades públicas en todos sus aspectos».
Finalmente hacen un llamamient a la Consejería para que revise y reduzca progresivamente los conciertos con la sanidad privada retornando ese dinero público a los centros del sector público. «Ya está bien de hacer negocio con la salud y el dinero de la ciudadanía».