Sí se puede afirma que el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo supone un retroceso sin precedentes al renunciar al objetivo de desarrollo sostenible.
La organización ecosocialista señala que la consulta pública del anteproyecto por veinte días es un paripé después de haber consensuado el texto con empresarios de la construcción.
Sí se puede afirma que el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo supone un retroceso sin precedentes al renunciar al objetivo de desarrollo sostenible y señala que la consulta pública del anteproyecto por veinte días es un paripé después de que el gobierno ya ha consensuado el texto con empresarios de la construcción.
La organización ecosocialista rechaza que Clavijo se escude en la crisis para hacer borrón y cuenta nueva en la legislación territorial y urbanística elaborada en Canarias a lo largo de dos décadas y subraya que el anteproyecto de la Ley del Suelo renuncia al objetivo del desarrollo sostenible, que es un contenido establecido como horizonte para todo el planeta desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992.
La organización ecosocialista rechaza que Clavijo se escude en la crisis para hacer borrón y cuenta nueva en la legislación territorial y urbanística elaborada en Canarias a lo largo de dos décadas y subraya que el anteproyecto de la Ley del Suelo renuncia al objetivo del desarrollo sostenible, que es un contenido establecido como horizonte para todo el planeta desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992.
“Renunciar a la protección ambiental en nombre del desarrollo económico y situar ambos conceptos enfrentados, como hace la exposición de motivos del borrador, es una perspectiva superada, un argumento que no se sostiene y no se admite en ningún país desarrollado”, manifiesta Pablo Jerez, portavoz de la organización ecosocialista. Al contrario, subraya Jerez, “la protección del medio ambiente debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.
La realidad es que “la alianza de intereses privados que forman ciertos políticos y empresarios de las Islas nunca quiso cumplir con la normativa territorial y ambiental que se puso en marcha a principios del presente siglo, entre otras, con la Ley de Directrices”, apunta el portavoz. “Es más, la maraña administrativa que se creó desde entonces es una manifestación de la forma en que se intentaron sortear en este periodo los obstáculos jurídicos a ciertas inversiones que han sabido vincularse al poder”, explica Jerez.
“El planeamiento y la planificación molesta al capital privado y el gobierno de CC-PSOE los sigue con ceguera sumisa con el impulso de una iniciativa legislativa que genera imprevisión e inseguridad, mientras paradójicamente, la propaganda oficial defienda el proyecto con el falso argumento de la seguridad jurídica”, asegura.
Derogar la protección
Tras la aprobación inicial de un modelo ambicioso de ordenación territorial y planificación urbanística, “se creó una realidad paralela en la que se fueron estableciendo excepciones a las normas de protección, porque hasta ahora nadie había sido capaz de mostrar el verdadero objetivo que ahora lidera Clavijo: derogar la protección que ofrece una planificación consensuada para dar vía libre a los intereses de los empresarios de la construcción, planificando a golpe de ocurrencia, como acertadamente ha calificado Ben Magec”, detalla el portavoz.
A juicio de Sí se puede, “el presidente del gobierno canario se pone al frente de una iniciativa desreguladora que abre el suelo de Canarias a la especulación neoliberal, sin más sentido que el de facilitar la obtención de beneficios a los inversores, sin considerar si las iniciativas empresariales están vinculadas a un proyecto de desarrollo que debe ser sostenible y coherente con las necesidades del conjunto social y con el territorio frágil y vulnerable en el que esa sociedad se asienta”.
En cambio, los impulsores y beneficiarios de la propuesta de Clavijo argumentan que la regulación vigente les dificulta urbanizar 55 millones de metros cuadrados de suelo. “Las normas urbanísticas deben servir para asegurar la legalidad y proteger los valores naturales, estratégicos y paisajísticos del suelo, elementos fundamentales para un desarrollo sostenible, mientras que la propuesta de Ley camina en sentido contrario”, argumenta Jerez.
Sí se puede apuesta en cambio por un modelo que permita conservar el territorio, generar empleo y atender las necesidades básicas de la población al potenciar otros recursos –como las energías renovables–, y otras capacidades productivas y creativas de la sociedad canaria, y considera que para ello deben conservarse instrumentos jurídicos como la Ley del Territorio y la Ley de Directrices.
El “planteamiento del gobierno de CC-PSOE es el que causa inseguridad jurídica”, dice Jerez, porque deja determinados procesos administrativos en manos de ayuntamientos que no tienen capacidad para gestionarlos; pero, además, de esta manera se fomenta la desigualdad entre municipios y territorios y los lanza a competir entre ellos con el suelo como único recurso. “Este enfoque incrementará el desequilibrio territorial en el Archipiélago, alentará el pleito entre todas las Islas y será el sustento económico y político de los caciques insulares, que se verán reforzados en el poder local para seguir sosteniendo el nacionalismo de señores que siempre ha nutrido a Coalición Canaria”.