{mosimage}El Juzgado número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el embargo de las cuentas bancarias del exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador por la isla, Miguel Zerolo, así como a los exportavoces municipales del grupo socialistas y popular, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez respectivamente; el exedil de Urbanismo, Manuel Parejo; funcionarios y técnicos del Ayuntamiento y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, entre otros.
El objetivo de cubrir la fianza la fianza de 109 millones de euros por responsabilidades civiles que se les exige por el caso de Las Teresitas. Zerolo presentó un vehículo Mini Cooper, participaciones en dos sociedades y una finca que estaba a su nombre como fianza, pero no fueron aceptados.
En la causa penal del Caso de Las Teresitas, se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, Inversiones Teresitas, por 11 parcelas de la playa chicharrera, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas.
El exalcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, había presentado un vehículo Mini Cooper y participaciones en dos sociedades constituidas el año pasado como fianza para el caso Teresitas. Para la acusación particular lo que ha aportado Miguel Zerolo es una "auténtica vergüenza", por lo que presentó varios escritos al Juzgado solicitando que se investigase el patrimonio del exalcalde nacionalista y que se embarguen los bienes que sean necesarios.
Inmediatamente Zerolo incorporó una finca en La Tejita, en Granadilla, a la relación de bienes que aportó en su momento al Juzgado como fianza para el caso Las Teresitas. La acusación popular, formada por la Asociación Justicia y Sociedad, había presentado un escrito al Juzgado alegando que los bienes que había aportado Zerolo, un vehículo Mini Cooper y participaciones en dos empresas de reciente creación, "no corresponden con la totalidad de bienes, acciones y derechos de su titularidad", y exigiendo que se procediera a la investigación patrimonial del acusado.