El programa concluirá con una lectura de poemas a cargo del artista y militante Antonio Ortegón y con una proyección sobre el poema de Pedro Lezcano “Recuerdo de tres mujeres saharauis”.
Moción
El grupo de gobierno elevará además al Pleno de este viernes una moción en defensa de los derechos del pueblo saharaui. En el texto, el grupo muestra su “preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados” y reiteran su apoyo al derecho a la autodeterminación saharaui a través de un referéndum “libre, democrático y donde se planteen todas las opciones” reconocidas por el Derecho Internacional y las reiteradas resoluciones de la ONU.
Mientras tanto, instan al “cese inmediato de la represión” y a la liberación de todos los presos políticos, al fin del expolio de los recursos naturales y al acceso al territorio de observadores internacionales.
Es esencial la ampliación del mandato de la Minurso para garantizar el respeto de los derechos humanos en el territorio y que la ONU garantice no solo el alto el fuego, sino que evite la vulneración de los derechos humanos hasta la celebración del referéndum”, recoge la moción, que exige la anulación del juicio militar contra los 25 activistas del Campamento de Gdaym-Izik condenados a penas que oscilan entre la cadena perpetua y los 20 años de cárcel y para los que pide la inmediata liberación.
Asimismo, hace un llamamiento a los gobiernos español y canario y al conjunto de instituciones del archipiélago para que incrementen sus proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias en los campamentos de refugiados, en particular el de Dajla, casi destruido tras las inundaciones del pasado otoño.
Por último, la moción solicita al Gobierno de España, al que pide “una postura mucho más activa” en el conflicto del Sahara, el reconocimiento efectivo del Frente Polisario como representante legítimo de su pueblo y que otorgue a sus representantes el mismo estatus del que ya disfruta la Misión Diplomática Palestina en el Reino de España.
En caso de que sea aprobado por el Pleno, el acuerdo se dirigirá al secretario general de la ONU, a la Presidencia de la Comisión y del Parlamento Europeos y a la Casa Real Española, así como al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores y a la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas.