{mosimage}Patricia Hernández presenta el primer documento de trabajo de la Ley de Servicios Sociales al Consejo General de Servicios Sociales
Políticas Sociales plantea la posibilidad de crear una tarjeta social o sociosanitaria que garantice los derechos sociales subjetivos
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció que “después de treinta años, es el momento de poner en hora la Ley de Servicios Sociales, blindando derechos”. Para Hernández es una prioridad que se blinden los derechos sociales “que constituyen el cuarto pilar del estado del bienestar y que todo el mundo se olvida y que parece que depende más de la voluntad política de una administración o de otra”.
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció que “después de treinta años, es el momento de poner en hora la Ley de Servicios Sociales, blindando derechos”. Para Hernández es una prioridad que se blinden los derechos sociales “que constituyen el cuarto pilar del estado del bienestar y que todo el mundo se olvida y que parece que depende más de la voluntad política de una administración o de otra”.
Patricia Hernández realizó estas declaraciones al inicio del Consejo General de Servicios Sociales, que según aclaró “hemos convocado por segunda vez, como nos comprometimos en una primera ocasión, para empezar a trabajar en la Ley de Servicios Sociales”. El objetivo de la convocatoria fue la presentación ante el Pleno del documento marco de trabajo de la futura Ley de Servicios Sociales.
Hernández concretó que “se trata de garantizar itinerarios y sobre todo de abrir un proceso participativo de varias formas, en primer lugar, se van a constituir tres mesas de trabajo, una con los colegios profesionales, otra con el tercer sector y asociaciones y una más institucional con quienes ostentan las competencias, con cabildos y ayuntamientos”.
La vicepresidenta del Gobierno insistió en que se abre una vía de participación directa, también con los ciudadanos y ciudadanas no asociados “para que puedan hacer sus aportaciones vía web, vía email con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición para que sea un proceso lo más participativo posible”. Al respecto, comentó que “se trata de poner en hora los servicios sociales y vuelvo a decir que nuestra intención es blindarlos, que tengan un itinerario claro, que sepan quién tiene la competencia y a dónde tiene que asistir”.
Hernández también anunció la posibilidad de poner en marcha una tarjeta social aunque puntualizó que “esto tenemos que hablarlo, vamos a consensuarlo con las instituciones y con el sector”.
La vicepresidenta resaltó la importancia de que “todos somos usuarios de los servicios sociales, es un derecho subjetivo de los ciudadanos y de las ciudadanas, y esto es importante, no hay un colectivo que tenga derecho a los servicios sociales sino que es la población en general”.
Respecto a cuándo puede estar cerrado el borrador de la ley, Hernández aclaró que “el plazo vamos a dividirlo en una primera etapa en la que le damos el borrador de trabajo a los sectores y configuramos las mesas de trabajo”. Una vez más, destacó que “lo importante es que sea una ley consensuada y participativa, por lo que el plazo lo vamos a tener que poner nosotros juntos, no solo el Gobierno pero calculo que deberíamos tener un documento más preciso, para empezar con el articulado, en los próximos meses, antes de verano”.
El Consejo General de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter participativo y consultivo que está compuesto por la FECAI, FECAM, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones vecinales y de lucha contra la pobreza y la exclusión socia, Colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.