Que dé a Canarias un autogobierno similar al de las comunidades ‘históricas’, como poder convocar sus elecciones
{mosimage}SB-Noticias.– El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuesta por una reforma constitucional que actualice diversos aspectos, como conferir a Canarias un nivel de autogobierno similar al de las comunidades “históricas” puesto que su limitada autonomía no le permite ni siquiera convocar elecciones anticipadas, lo que ante una crisis parlamentaria le obliga a soportar la inestabilidad hasta el final de la legislatura.
La autonomía canaria, explica, nace a partir del artículo 143 de la Constitución, la ”vía lenta”, lo que limitó su autogobierno frente a las denominadas históricas: Galicia, Cataluña, Euskadi y Andalucía, que aprobaron sus estatutos según las condiciones del 151 y gracias a eso surgieron con mayor nivel de autogobierno.
“Tenemos derecho a una reforma que nos sitúe en el mismo nivel de competencias”, asevera Morales, quien agrega que esa modificación debe garantizar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, “un fuero con cinco siglos de historia y cientos de años de incumplimientos”
Pero la necesidad de una reforma no se circunscribe solo a estos aspectos, ya que considera que debe garantizar asimismo el cumplimiento del artículo 1.1 referente a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, toda vez que los juristas coinciden además en proclamar que los derechos sociales del capítulo III no solo no se cumplen sino que han quedado “en papel mojado”.
Como ejemplo cita el 47, por el que los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada, para lo que los poderes promoverán las condiciones necesarias e impedirán la especulación del suelo.
Pero frente a este mandato se sitúa “el drama de los desahucios” y la actitud de los poderes públicos “destinan más recursos a ejecutar desahucios que a cumplir este derecho”. Y lo mismo sucede con los que proclaman la salud, la pensión digna, la cultura y el disfrute de un medioambiente cuidado.
Por este motivo, apuesta por convertir estos derechos en subjetivos para que la población pueda reclamar su cumplimento ante las instituciones, tal como se planteó con la Ley de Dependencia, por la que Mariano Rajoy, aún candidato, criticaba a José Luis Zapatero –explica-, por no garantizar su financiación y, solo cuatro años después, su gobierno “ha aprobado diferentes decretos que han dejado fuera a más de 30.000 personas”, a las que hay que sumar las miles que, después de esperar uno o dos años, han fallecido.
“El cinismo político ha rebasado todos los límites cuando el Gobierno del Estado se felicita porque ha bajado la lista de espera. ¡Y vaya si han bajado!, decenas de miles de personas murieron mientras esperaban”, exclama.
Por otra parte, es necesaria una modificación que dé lugar a una Constitución más participativa porque “cada vez es más urgente tomar medidas que permitan a los ciudadanos influir en las decisiones políticas”.
Morales recuerda que durante la transición solo había en torno a 30 democracias en el mundo, mientras en la actualidad son en torno a 85, de modo que se ha convertido en el sistema con mayor legitimidad, sin embargo, la sociedad “nunca ha estado tan descontenta con la democracia”.
Entre las razones cita las desigualdades, la crisis de los público –“atacado por las teorías neoliberales”-, la carencia de una sólida cultura democrática, el “nefasto” efecto de la corrupción, las dificultades en la relación de los partidos con la sociedad y la subordinación de la actividad política a los poderes mediáticos, económicos y financieros.
“La Carta Magna debe dejar de ser el arma arrojadiza por el que algunos gobiernos han convertido al Tribunal Constitucional en un campo de batalla partidario para ganar con los votos de los jueces aliados lo perdido en las mayorías parlamentarias”, lamenta.
Antonio Morales espera que la campaña electoral ayude a tomar conciencia de la necesidad de reformar un texto “que se aprobó en 1978, en un contexto muy diferente a los tiempos actuales”, y que se haga con refrendo de la ciudadanía, de modo que se supere la desafección y cada 6 de diciembre, en vez de hablar del puente de la Constitución, se celebre una auténtica fiesta de la democracia.