{mosimage}Un 33 por ciento de las 365.868 órdenes de protección que tramitaron los juzgados de violencia sobre la mujer en los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley Integral fueron solicitadas por mujeres extranjeras.
Así se pone de manifiesto en el Informe sobre los diez años de aplicación en los órganos judiciales de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en su número 43, correspondiente al mes de noviembre.
En cuanto a territorios, La Rioja y Murcia fueron las Comunidades donde se concedieron porcentualmente más órdenes de protección, con un 86 por ciento sobre el total de solicitadas, mientras que Cataluña, con un 52,6 por ciento, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57 por ciento, fueron las Comunidades con menor ratio de órdenes concedidas sobre solicitadas.
También se revela en el Informe que un 2,3 por ciento de las víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección eran menores de edad, y que el porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 67,3 por ciento fueron españoles y un 32,7 por ciento, extranjeros.
Medidas de protección
Dentro de la orden de protección, el alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se adoptaron en un mayor número de casos. Otras medidas penales acordadas fueron la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio. En más de un 5 por ciento de los casos, también se estableció una medida de privación de libertad.
También hay un importante número de medidas que se acordaron en aquellos casos en los que no se había adoptado una específica orden de protección, al objeto de que la víctima no quedara desprotegida.
El alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se establecieron en un mayor número de estos supuestos. Aunque las medidas acordadas a instancia de la víctima siguieron representando el mayor porcentaje, superior al 80 por ciento, las medidas tomadas a instancia de la Fiscalía cobraron un mayor protagonismo, llegando en el caso de las privativas de libertad a representar un 58,4 por ciento de las medidas acordadas, mientras que las adoptadas a instancias de la víctima fueron del 36,2 por ciento.
Más de un millón de denuncias
Atendiendo a la procedencia de las denuncias, fueron los atestados policiales los que tuvieron el mayor porcentaje, cercano al 80 por ciento. Los partes de lesiones supusieron cerca del 12 por ciento de las denuncias, mientras que la denuncia directa en el juzgado por la víctima o sus familiares apenas sí llegó de media en estos años al 8 por ciento del total de denuncias.
Así, por ejemplo, en el año pasado la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada diez mil era respecto de las españolas de 49, mientras que para las extranjeras esa ratio se elevaba hasta 196, cifra que ya venía manteniéndose en los años anteriores.
Igualmente, al hablar de las renuncias a continuar con el proceso judicial, se observa que la ratio de mujeres extranjeras que renuncian quintuplica al de las españolas. En 2014, la ratio de renuncias frente al total de denuncias fue por parte de las españolas de 5,5, mientras que en las extranjeras la ratio fue de 29,4.
Sentencias en los distintos órganos judiciales
Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en los diez años de aplicación de la Ley Integral un total de 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa un porcentaje de condenas del 77 por ciento respecto del total de sentencias dictadas.
En todo el período, por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias, lo que representa un 51,8 por ciento del total de sentencias; dato éste que es muy dispar según las distintas Comunidades: mientras que en Madrid y Cataluña el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en torno al 44 por ciento, en Extremadura rozó el 80 por ciento.
En estos juzgados se enjuiciaron a 284.029 personas, de las que un 96,3 por ciento eran hombres. Fueron condenados un total de 146.587 personas, de los que 98.455 eran españoles y 44.336 extranjeros.
En las Audiencias Provinciales, se dictaron en procesos en única instancia un total de 3.117 sentencias, con un porcentaje de condenas muy elevado, especialmente en los procedimientos de jurado, que fue del 95,1%.
En los sumarios, las condenas representaron el 78,4 por ciento de las sentencias dictadas y en los procedimientos abreviados las condenas fueron casi un 80 por ciento de las resoluciones emitidas. Las confirmaciones de sentencias en apelación supusieron un 76,5 por ciento en los procedimientos por delito y un 79,1 por ciento en los procesos por falta.
En los diez años de aplicación de la Ley integral, las Audiencias Provinciales han enjuiciado a 8.242 personas, de las que 7.965 eran hombres y 277, mujeres, habiendo condenado a 4.638 españoles y a 1.931 extranjeros.
A lo largo de estos diez años, los juzgados de menores registraron una entrada de 1.526 asuntos de violencia doméstica y de género. En este período se dictaron 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 fueron en procedimientos por delito y 44, en faltas.
Los juzgados impusieron medidas en 1.004 procedimientos por delito y en 35 de los procesos por faltas. El número total de enjuiciados fue de 1.238 menores, de los que 1.042 se encontraban en la franja de edad de entre 16 y 17 años, y 196 tenían entre 14 y 15 años.
De todos los menores enjuiciados en estos diez años, 898 eran españoles y 34, de origen extranjero.