Advierte de que en las Islas es "alarmante" el número de familias que viven bajo el umbral de la pobreza
{mosimage}Eldiario.es.- Rafael Yanes Mesa, viceconsejero de Trabajo del Gobierno de Canarias, manifestó que “es inadmisible la riqueza de unos pocos y la miseria de muchos”, al abrir las XXXIII Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.
Por su parte, Luis Miguel Molina González, subdelegado del Gobierno en Las Palmas, defendió el apoyo a la reforma laboral llevada a cabo por el Ejecutivo del PP como única manera de luchar contra una tasa de paro situada en el 21,8% y, frente a los continuos pronunciamientos que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones en España, aseguró que “está mejorando” y goza “de excelente salud”. Esos dos pronunciamientos fueron los únicos con 'carga política' a pocas semanas de las elecciones generales en un marco que, como era de esperar, estaba dedicado al análisis técnico de la labor de los graduados sociales en un escenario marcado por los nuevos textos legislativos sobre empleo. A ese respecto, los cuatro conferenciantes advirtieron que se podía estar de acuerdo o no con las decisiones tomadas por la mayoría absoluta del PP, pero insistieron en que “eso es lo que hay” y en que los graduados sociales adquieren cada vez mayor relevancia dentro del mundo de las relaciones entre empresas y trabajadores –nuevos acuerdos con el Gobierno y participación en la gratuidad de las justicia– en un marco extremadamente complicado que va más allá de España para atender también a decisiones de la Unión Europea.
Guillermo Leandro Barrios Baudor, Catedrático (Acreditado) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos tuvo que vérselas con un tema muy espinoso: la inaplicación de los convenios colectivos. Así, destacó que “los continuos cambios y las constantes reformas” obligaban al colectivo de graduados sociales a un esfuerzo y reciclaje continuo para tener operatividad y efectividad. Según anunció, de enero a agosto de 2015 ha habido 1.060 expedientes de inaplicación de convenios colectivos que han afectado a unos 30.000 trabajadores y destacó como positivo que “mayoritariamente hay acuerdos antes de llegar a la Comisión Consultiva”. Más del 60% de esos expedientes afectan a temas salariales.
Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pronunció una conferencia de título complejo y contenido muy específico: Dimensión Jurídico – Penal sobre el control de Medios Informáticos por parte del empresario. Distinción esfera penal y social. El contenido de su disertación, encaminado a analizar la incidencia de las nuevas tecnologías dentro de las relaciones laborales y las distorsiones que ello puede producir a la hora de la aplicación del Derecho, encajaba dentro de la obligada formación que deben tener los graduados sociales ante un mundo de relaciones que va dejando de lado el papel para incorporar a velocidad vertiginosa la informática. A este respecto, Marchena advirtió que las nuevas tecnologías no sólo traen ventajas sino también plantean inconvenientes que pueden dificultar u oscurecer la solución de problemas en el campo de lo laboral.
Especialmente interés tuvo la conferencia sobre la Reforma Laboral a la luz de la doctrina europea: conflictos y competencias, que desarrolló Ignacio García Perrote Escartín, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED, Socio y Director del Departamento Laboral del Despacho Uría y Menéndez. Si la Reforma Laboral dictada por el Gobierno del Partido Popular como ariete para combatir la crisis económica fue un punto de inflexión muy controvertido en las relaciones entre empresarios y trabajadores, uno de sus principales problemas ha sido y está siendo el encaje dentro de las doctrinas europeas. Los organismos internacionales sostienen que la reforma laboral española no es conforme con la Carta Social Europea. Así, hay un punto clave que es el referido a la duración del período de pruebas en el contrato para apoyo a emprendedores. La reforma laboral establece que “en todo caso” la duración del período de prueba es de un año. El Tribunal Constitucional ha señalado que la medida, considerada por múltiples colectivos como escandalosamente excesiva, no vulnera el derecho al trabajo, es compatible con la negociación colectiva e insiste en que no sólo se trata de un tiempo para saber si el trabajador está capacitado para desarrollar su puesto de trabajo sino si ese puesto es realmente necesario para la empresa dentro de un fuerte campo de crisis económica.
El Constitucional advierte también que los convenios colectivos “no pueden rebajar ese año” porque ello se opondría a la dinámica de creación de empleo establecida por el Gobierno. Asimismo, en el período de prueba se puede extinguir el contrato sin argumentar causa alguna, salvo en caso de embarazo, ya que ello iría contra la doctrina constitucional.
El Tribunal de justicia Europeo se ha declarado “incompetente” ante la señalada duración del período de prueba. Por otra parte, España no ha ratificado la Carta Social Europea revisada y tampoco el protocolo de 1995. Así, la complejidad jurídica es alta y surgen contradicciones que deberán solucionarse. Europa mantiene que nuestro país vulnera el artículo 4.4 de la Carta Social Europea (reconoce el derecho a preaviso antes de extinguirse el período de prueba aunque no establece duración) y debe cambiar su legislación y España no se siente vinculada a ese particular. García Perrote aventuró que “todo esto terminará en el Tribunal Supremo, muy probablemente en la Sala de lo Social” ya que el Comité de Control Europeo no sólo considera que Madrid no cumple el artículo 4.4 de la Carta Social Europea, sino que el salario mínimo es insuficiente y el arbitraje para huelgas no es adecuado.
En la conferencia de clausura, Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional hizo un repaso ante los graduados sociales reunidos en la Sala Teatro CICCA a las sentencias más relevantes de la Audiencia Nacional en materia laboral, a continuación juraron los Colegiados 2015 – Promoción Don Francisco Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General del Colegio de Graduados Sociales – y, finalmente, se entregaron las Medallas de oro, Plata y Bronce al Mérito Profesional a 23 profesionales.