El objetivo prioritario de Podemos, señaló la portavoz, es “rescatar a las personas y poner en marcha un futuro económico con un cambio de modelo productivo para la Comunidad Autónoma Canaria.”
{mosimage}SB-Noticias.- La portavoz de Podemos, Noemí Santana, anunció hoy que su Grupo Parlamentario presentará enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Gobierno CC-PSOE porque “no garantizan el Estado de Bienestar ni abogan por la contribución a la recuperación económica ni por la máxima eficiencia en los servicios públicos.”
Gasto social. La portavoz de Podemos rechazó que sean estos los presupuestos “más sociales”, como los califica el Gobierno, “con un poco considerable aumento del 3% en gasto social.” Santana afirmó que de “los 357 millones de euros más para 2016, apenas el 25% (87 millones) irá destinado a inversión y gasto social. El resto irá a pagar la deuda.”
La diputada considera “insuficientes” los fondos destinados a las políticas de empleo, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y las ayudas a la Dependencia. “La dotación para la PCI de 2015 se agotó apenas transcurrido el primer cuatrimestre del año, por lo que el aumento, incluso del doble, dejará a muchas personas en la misma situación en la que se encuentran hoy, sin recibir la prestación y sin poder acceder a ella”, afirmó.
La portavoz de Podemos resaltó el incremento del gasto del Ejecutivo: 12% en sueldos de miembros y altos cargos, 4,5% en asesores y personal eventual, además del 36,9% en dietas. Por el contrario, lamentó el recorte del 10,8% en el área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, 89 millones menos en 2016.
Noemí Santana exigió una política fiscal progresiva y reiteró su rechazo a la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones propuesta por el Gobierno, porque “trata igual lo desigual. No es lo mismo heredar la casita de la abuela que una cadena hotelera”, señaló. En este sentido, abogó por la mayor aportación tributaria de quienes más tienen, defendió la máxima eficiencia de los servicios públicos, así como la inversión pública y privada en el fomento de la creación de empleo de calidad.
Tenerife ha sido declarada Isla contraria al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian a oscuras Estados Unidos y la Comisión Europea porque, como ha acordado el Cabildo Insular a raíz de una moción presentada por el Grupo político de Podemos, ese tratado “amenaza la soberanía nacional, la justicia, el Estado de Derecho, la salud pública, el empleo y los derechos laborales, la seguridad alimentaria”, así como “las competencias de la Comunidad Autónoma y de los Cabildos en materia de asuntos sociales, protección al consumidor, servicios públicos y medio ambiente”.
Con esta declaración de Isla opuesta al TTIP que fue aprobada por mayoría en el pleno del 30 de octubre con los votos a favor de Podemos, CC y PSOE, Tenerife se suma también a los acuerdos de los Cabildos de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro en el mismo sentido, pasando a engrosar así la lista de las miles de instituciones que se han opuesto ya a la aplicación en su territorio de este tratado de libre comercio que amenaza con anteponer los intereses de las multinacionales a los de las personas poniendo en entredicho incluso servicios públicos básicos y derechos sociales esenciales.
El PP se abstuvo en esta declaración de Isla opuesta al TTIP, pero sí votó a favor de otras 10 propuestas planteadas por Podemos en su Moción en sintonía con los puntos aprobados en el Parlamento de Canarias (en ese caso, solo con los votos de Podemos, PSOE y CC y la abstención del Partido Popular). El grupo político de Podemos en el Cabildo contó para presentar esta Moción con el respaldo de distintas organizaciones sindicales como UGT, Intersindical Canaria, USO o CoBas.
Acciones acordadas. En concreto, a raíz de este acuerdo, el Cabildo tinerfeño demandará al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España que evalúen los posibles efectos del mencionado tratado sobre la economía española y que defiendan “la máxima transparencia en las negociaciones” del TTIP para “garantizar un debate informado” en los parlamentos de Europa y en la sociedad civil. Les pedirá también que garanticen la exclusión explícita de los servicios públicos en las negociaciones, que ningún acuerdo de libre comercio con terceros países suponga recortes en material laboral, social o medioambiental, así como que se garantice el principio de autonomía de los entes municipales y locales como aspecto fundamental del autogobierno municipal e insular.
Podemos defendía además, como indica su consejera Paqui Rivero, “la suspensión inmediata de las negociaciones de este Tratado, una consulta pública sobre su contenido y un replanteamiento sustancial del mismo tal como solicita también la sociedad civil europea a través de más 2,5 millones de firmas recogidas, así como numerosas organizaciones como la Organización Europea de Consumidores, la Confederación Europea de Sindicatos o la Oficina Europea de Medioambiente”, pero este punto no salió adelante con el voto de Podemos en solitario.