{mosimage}Insurgente.org.- El Gobierno se escuda en motivos de seguridad para no dar datos sobre la Casa del Rey y las embajadas españolas a aquellos ciudadanos que habían solicitado esa información al Portal de la Transparencia que empezó su andadura hace ahora once meses.
El citado Portal ha recibido en este tiempo solicitudes de datos sobre "lo que cuesta" la Casa del Rey", sobre "el coste de seguridad de los desplazamientos de Felipe VI" o sobre "el número de miembros de seguridad de la Casa Real", entre otras.
Ello implica, apunta el Gobierno en sus respuestas, que recoge Europa Press, la necesidad de "restringir" esa información cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar "riesgos y perjuicios graves" para la seguridad y defensa del Estado, así como para las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma.
No obstante, sí informa de que en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio se determinan las partidas presupuestarias destinadas a la seguridad ciudadana, entre cuyas funciones se enmarca la seguridad y protección de altas personalidades.
Parecida es la contestación del Gobierno, en este caso del departamento que dirige José Manuel García-Margallo, a tres solicitudes dirigidas al Portal de la Transparencia que pedían saber el presupuesto detallado de las embajadas y consulados españoles.
En sus resoluciones, la Dirección General del Servicio Exterior niega también esa información apuntando que hacerla pública "podría afectar" a las relaciones de España con terceros países, especialmente si se procediera a un cotejo de las informaciones por representación y país, creando "posibles agravios comparativos" que, subraya, serían "especialmente graves" en zonas de conflicto.
De la misma manera, añade que la publicidad de esa información solicitada podría afectar a la seguridad de las delegaciones españolas en el exterior, singularmente a las que se ubican en zonas de riesgo.
POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO
Tampoco da el Gobierno datos sobre los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro acuñada con la efigie de Felipe VI, como así se le reclamaba a través de otra petición registrada en el Portal de la Transparencia.
Según arguye la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dependiente del Ministerio de Hacienda, la divulgación de esa información puede suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, una de las limitaciones, apunta, que contempla la Ley de Transparencia.