Las presas han recogido 1,5 millones de metros cúbicos de agua
{mosimage}SB-Noticias.- El Cabildo de Gran Canaria desactivó el Plan de Emergencias Insular tras su reunión con el Comité Asesor, aunque con cautela porque el territorio está dañado y se prevén nuevas lluvias que, si bien no serán tan fuertes, pueden producir destrozos que se sumarán a los ya generados en Gran Canarias, estimados en 35 millones por el presidente insular, Antonio Morales.
Los daños contabilizados hasta el momento son 21 millones de pérdidas en Telde, ocho en la capital grancanaria, cuatro en carreteras a los que habrá que sumar al menos uno por la situación en La Aldea –apuntó el vicepresidente Ángel Víctor Torres-, y millón y medio en daños en las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas, grandes tuberías arrastradas y pérdidas en Bocabarranco, entre otras.
Los episodios de lluvias inusuales y con picos de hasta 75 litros por metro cúbico generaron una situación imprevisible en la que “el Cabildo realizó un trabajo extraordinario”, tanto de coordinación de sus servicios como de “implicación e intensidad de trabajo de sus técnicos y personal que trabajó mañana, tarde y noche para atender las necesidades más inmediatas”.
“No fueron tres gotas”, exclamó Morales, quien prosiguió que todos cuerpos trabajaron sin descansar, Protección Civil, los Presa de Gran Canaria, la Unidad Militar de Emergencias, en total cerca de un millar de personas, y frente a las manifestaciones relativas a si hubo descoordinación aseveró que “desde luego en el Cabildo ninguna, hasta hubo acusaciones de exceso”, por lo que recordó que las decisiones se toman a tenor de pautas y datos técnicos.
Y en cuanto a la relación con otras administraciones “no hubo graves descoordinaciones” y los términos de las alertas de cada una “no influyeron” en la correcta ejecución del trabajo, lo que no quita que en adelante se trabaje para mejorar los procedimientos de forma conjunta, tal como comenzaron hoy con la reunión dirigida por el vicepresidente Juan Manuel Brito para la desactivación del Plan, que contó con representantes de ayuntamientos y Gobierno canario, a cuyos miembros Antonio Morales quiso reconocer igualmente su labor.
Sí calificó, sin embargo, como “irresponsabilidad” que su presidente, Fernando Clavijo, apruebe ayudas para las familias pero declare que no “sirven para nada”, sin corregir por tanto su procedimiento administrativo, mientras del Gobierno central espera sensibilidad y que se implique en la recuperación de la Isla.
“La de hoy es una reunión imprescindible para la puesta en común para no repetir errores y sobre todo establecer una política común de actuaciones, corregir infraestructuras y procedimientos”, como que “a lo mejor debería ser cada isla la que señale si los colegios deben cerrar en función de sus alerta aunque sean competencia del Gobierno canario”.
Además, se debe concienciar a la población de que las alertas son motivadas, las predicciones no son certezas, pero son los indicadores “para tomar decisiones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por la población”.
Todo ello, prosiguió Morales, se suma al empeoramiento del clima, “el Niño viene este año fuerte” y los estudios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria confirman un desvío de los alisios hacia el este con graves afecciones en el clima.
La intensidad de las lluvias y la propia orografía de la isla fueron las principales causas de los destrozos, en algunos puntos no se registraban volúmenes similares desde hacía sesenta años, y también es verdad, apostilló, que hace cinco o seis décadas la población era menor y la ocupación del territorio también, en la actualidad los cauces y las salidas al mar están obstaculizadas por diversidad de construcciones, muros y carreteras.
Adecuar los Planes de Emergencias a la realidad
Juan Manuel Brito agregó que es necesario adaptar los planes de Emergencias a la realidad los fenómenos meteorológicos que se avecinan, ya que episodios como el vivido en la Isla podrán producirse nuevamente, lo que se verá agravado por el alto nivel de erosión de la isla, que habrá que reforestar, además, para que ayude a sujetar el territorio, ya que existe preocupación por la facilidad con la que corren los barrancos y los arrastres de tierra y materiales.
Incidió en que es necesario mantener la precaución al hacer senderismo y al desplazarse por carreteras, sobre todo si llueve.
Este jueves se creó además una mesa de trabajo entre los dos ayuntamientos más afectados, Obras Públicas y Aguas para emprender acciones de limpieza de los drenaje, que han quedado parcialmente obstruidos, y ampliar posteriormente la labor al resto de los municipios.
Daños en infraestructuras viarias
La cuantificación de los daños en las infraestructuras viarias detalladas por el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Ángel Víctor Torres, superarán los 4 millones d euros, aunque advirtió que se trata de una primera aproximación porque “los desprendimientos se siguen produciendo, como ocurrió anoche en la carretera de Temisas”.
Los daños más cuantiosos se han producido en la carretera GC-550, donde se produjo un importante socavón con pérdida de la mitad de la vía en un tramo desde Temisas a Santa Lucía, y desprendimientos en otros puntos, superiores a 1.000.000 euros, así como en el el área metropolitana, donde los daños han sido cuantificados 1,6 millones de euros.
“Los túneles de la salida desde la capital hacia el sur funcionaron perfectamente, no así los espacios entre ellos y la salida del segundo túnel, con daños por las escorrentías de agua“, agregó Torres. En el centro se han cuantificado daños por 700.000 euros, sobre todo por caídas de muros, a lo que hay que añadir los daños en muros de competencia insular en Las Palmas de Gran Canaria y Telde, sobre todo en la carretera GC-100.
Torres informó asimismo que el servicio de Obras Públicas va a chequear todo el mallado de protección de la GC-200 desde El Risco a La Aldea tras la rotura de un tramo por importantes desprendimientos, y cuyo coste habrá que sumar pues se produjo como consecuencia de las lluvias. Los daños en las infraestructuras públicas de alumbrado se cuantifican, además, en 150.000 euros.