Poner en marcha el nuevo modelo pasa por dar cumplimiento al pacto suscrito sobre el complemento específico
{mosimage}SB-Noticias.- El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, explicó hoy que las medidas de reducción y contención de gastos de personal aprobadas a nivel básico por el Estado han impedido entre 2011 y 2015 acometer las adecuaciones presupuestarias y retributivas pactadas para la implantación de la oficina judicial y fiscal.
“Mientras el Gobierno central no ponga fin al impedimento legal establecido en los últimos años para aprobar incrementos retributivos, señaló Afonso, el Ejecutivo canario “no podrá dar cumplimiento al pacto suscrito sobre el complemento específico” e iniciar el procedimiento de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas.
Afonso expuso que el Gobierno de Canarias agotará todas la vías para solucionar el problema derivado de la imposibilidad de dar cumplimiento al Acuerdo Administración Sindicatos de 2009 suspendido por la crisis. No obstante, insistió en que "no podemos detenernos ni aparcar lo que ya hemos avanzado". Por tal motivo, recalcó, "continuaremos con la planificación programada de los trabajos para la ejecución de los proyectos en todos los aspectos que sea posible y que no afecten a la reordenación del personal, como la elaboración de manuales, planes, protocolos, guías e instrucciones".
Además, añadió, el éxito de la nueva Oficina Judicial depende de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. Para ello, matizó, "es necesario implantar una justicia totalmente informatizada donde los abogados, procuradores, graduados sociales y el resto de profesionales dirijan sus escritos en formato electrónico, reciban las notificaciones de forma telemática y las distintas instancias se comuniquen a través de la red".
El consejero sostuvo que modernizar progresivamente la organización de la oficina judicial y fiscal es uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de Canarias en la presente legislatura para contar con una Administración de Justicia más eficaz y transparente.
Asimismo, recordó que el proceso de modernización de la Administración de Justicia en Canarias se inició hace años y fue impulsado decididamente en la pasada legislatura, contemplándose dentro del Plan Estratégico para la política pública de Justicia 2012-2015, como un eje estratégico.
Próximamente, anunció Afonso, iniciaremos con la colaboración de los correspondientes Colegios Profesionales el proceso de implantación de firma electrónica a todos los profesionales que deban utilizar lexnet para la comunicación y recepción de comunicaciones.
"Pero debemos ser conscientes de que nos encontramos en un período de análisis y reflexión sobre los modelos organizativos vigentes y su evolución en el marco de asignación de nuevas competencias, así como su adecuación a las importantes reformas legislativas en el ámbito procesal aprobadas a lo largo del último año", precisó el consejero. Hay que tener presente que los ritmos de implantación de la Oficina Judicial están afectados por las incertidumbres que aún hoy existen sobre hacia dónde pretende encaminar sus pasos el Ministerio de Justicia y que "podrían conllevar profundos cambios en los modelos organizativos ya iniciados en nuestra comunidad", expuso Afonso.