Santiago Pérez: 'La Operación de Las Teresitas se diseñó en CajaCanarias'
{mosimage}CadenaSer.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reclama al exalcalde nacionalista Miguel Zerolo las pérdidas resultantes de la compra venta de los terrenos en el frente de playa de Las Teresitas.
En el documento, en el que el Consistorio se presenta como actor civil y al que la Cadena SER ha tenido acceso, se considera a Zerolo como "responsable solidario con el resto de los acusados del pago de la suma de 82.039.223,25 euros. Por eso mismo, reclama al magistrado que requiera al exalcalde que preste fianza bastante “con vistas a asegurar las responsabilidades civiles y pecuniarias" y que, además, se acuerde el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no se prestase la fianza exigida".
Según se recoge en el escrito elevado por el letrado representante del Ayuntamiento Miguel Losada Terrón, el montante más de 82 millones de euros viene determinado por la suma de 52,5 millones de euros, correspondientes a lo entregado por el consistorio a Inversiones Las Teresitas por la compraventa de los terrenos, y 29.450.664,12 euros que se corresponden con los intereses al tipo legal computados desde que se efectuaron los diferentes pagos hasta el día de presentación del primer escrito de acusación por parte del Ayuntamiento con fecha de 29 de junio de 2015.
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Con esta petición de apertura de juicio oral y de formación de pieza separada de responsabilidad civil- el escrito está fechado el 23 de septiembre de 2015- el Ayuntamiento entra de lleno en el proceso penal del caso de corrupción urbanística más mediático e importante de los acaecidos en el Archipiélago, si bien la Corporación local no se presenta como acusación sino como perjudicado civil, una vez que el juzgado de lo Civil que llevaba la causa se ha inhibido por prejudicialidad penal.
Imputados
El juicio por las Teresitas, cuya primera sesión se prevé para el mes de enero de 2016, cuenta con 13 imputados, encabezados por el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y ex cargos públicos, como el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los ediles del PSOE, Emilio Fresco y del PP, José Emilio García Gómez. Para cada uno de ellos se solicitan 8 años de cárcel y 18 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Además, en la causa se encuentran imputados los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González junto con sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, respectivamente. Para ellos se piden siete años de prisión y nueve de inhabilitación, pero además, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, también se solicitan diecisiete años de inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con las actuaciones urbanísticas.
Y por último, figuran como imputados en la causa el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes, a quienes se les piden veintitrés años y medio de inhabilitación y seis de prisión. En el último escalón aparecen el exsecretario del Ayuntamiento José Eugenio Zárate, el exinterventor municipal Antonio Messía y el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca. Para cada uno de ellos se piden cinco años de prisión y diecinueve años y medio de inhabilitación.
El redactor de la denuncia que derivó en el conocido como 'Caso Las Teresitas', Santiago Pérez, ha expresado en la Cadena SER que, en su opinión, la operación de la playa "se generó en CajaCanarias" y que le sorprendió que ninguno de sus directivos esté imputado en el caso. Dijo que no sabía si alguien quería apartar a CajaCanarias del tema, pero que cree que "el centro ideológico de la operación estaba en la entonces entidad bancaria".
Por su parte, el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha expresado su satisfacción sobre el hecho de que el consistorio haya solicitado a Zerolo y al resto de responsables solidarios de la compraventa de la playa un montante de 82 millones de euros, tal y como adelantó la SER.