En esta moción, se insta al Gobierno de Canarias y/o al Parlamento de Canarias a que regule el Tercer Sector mediante un proyecto de Ley Audiovisual para la Comunidad Autónoma.
{mosimage}SB-Noticias.- Amado Carballo ha requerido el “apoyo institucional a las radios con amplia trayectoria cultural, social y de arraigo local, que contribuyen en gran medida a la difusión de las tradiciones, del acervo cultural y de las informaciones locales en Canarias, así como a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión”.
Perjuicios, propuestas insolventes y criterios fuera de la normativa
A principios de ese año, el Gobierno de la nación había aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual, lo que hizo temer al sector canario que el Gobierno Autonómico y la Agencia Estatal de Telecomunicación procediera al cierre de las numerosas emisoras que habían proliferado en el archipiélago sin necesidad de una concesión administrativa.
El concurso respondía a la demanda del sector canario, si bien se vio empañado por varias irregularidades que han dado lugar a la interposición de numerosos recursos administrativos y judiciales, fruto de la falta de ecuanimidad en el examen y valoración de las candidaturas de los licitadores, que debió hacerse sin dejar lugar a la arbitrariedad y el error, lo que ha provocado que el proceso, inmerso en la vía judicial, pueda acabar con la anulación del concurso.
En los criterios técnicos se incentivó la candidatura de proyectos totalmente nuevos en perjuicio de las emisoras que ya venían funcionando. Esta cuestión, además, va en contra de la obligación que impone el artículo 28.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Uno de los criterios de las bases premiaba a los programas informativos, deportivos o culturales de un área geográfica que marcaba la adjudicación zonal. Sin embargo, emisoras históricas netamente canarias que cumplían ya con esa labor informativa local, con estudios ya instalados y funcionamiento en esos municipios, fueron excluidas del reparto.
Así, indica Carballo en la moción, “podemos encontrar a empresas, entidades y emisoras que incumpliendo todas las normas fueron ‘premiadas’ con adjudicaciones, mientras que otras, con todos los registros legales, quedaron fuera del concurso”. Cita como ejemplo a Canarias Difusión SL o Tele Canal4 Tenerife SLU, quienes obtuvieron 32 y 10 licencias, respectivamente. Recibieron adjudicación, entre otras, quienes incumplían aspectos de contratación, solvencia, criterios de selección, programación o, lo que es aún más grave, que ni tan siquiera presentaron solicitud a su nombre para dichas concesiones.
El procedimiento también sufrió un cambio en los criterios de interpretación de la Mesa de Valoración que no estaban previstos en las bases, después de la apertura de los proyectos y del examen de los mismos, hecho que ha llevado incluso a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha imputado a los integrantes de la Mesa de Valoración que adjudicó las frecuencias por un presunto delito de tráfico de influencias.
Moción al Cabildo Insular de El Hierro
Amado Carballo solicitará un acuerdo plenario para instar al Gobierno de Canarias a que proceda a la revisión del cumplimiento de las condiciones establecidas y a que vuelva a convocar el procedimiento de adjudicación de las licencias radiofónicas, creando al efecto una nueva Comisión de Valoración, totalmente ajena a la anterior, que sea válida para abrir un nuevo proceso de adjudicaciones de acuerdo a la normativa vigente.