Toño Linares
{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista
No es baladí las críticas que han surgido sobre el coste que supone el seguro médico del personal adscrito al Cabildo de Tenerife y sus cargos públicos, con más de 400.000 euros en el ejercicio 2014, suponiendo un coste de casi 26 euros por persona, lo que nos deja claro que con estas primas las coberturas de dicho seguro son muy básicas, suponiendo un alto rendimiento a la entidad aseguradora, adscrita a la entidad financiera beneficiada por la desaparición de Cajacanarias, que tras su adquisición ha hecho varios ERES dejando a más un millar de personas en las colas del paro, incrementando la vergüenza al ser una entidad beneficiada con dinero público para participar en destrucción de empleo.
Recordemos que al finalizar la segunda guerra mundial y guerra civil española se puso en marcha, en toda Europa, los sistemas públicos de salud, no por la conciencia de tener una población saludable sino que era necesario la reconstrucción de lo destruido y, ante la escases de recursos humanos, era una necesidad imperiosa el tener mano de obra saludable para que las fabricas pudiesen producir y así mantener el crecimiento económico que preveían. Sólo les importaba la salud del que era útil para el trabajo, pues poco o nada se empleó en paliar las situaciones de los mutilados de guerra y sus familias. Del sector humano que se denominó “los perdedores”, mejor no hablar, simplemente fueron excluidos de la sociedad.
En la posguerra se creó el Moface, organismo autónomo del estado que gestionaba la sanidad y la jubilación de los funcionarios públicos, especialmente de la “fuerza de orden público”, con la finalidad de mantener una plantilla saludable que sostenía el régimen y, que en algunos aspectos sigue siendo igual, tal y como declaró el jefe superior de policía de la comunidad valenciana calificando “de enemigos” a los estudiantes que se manifestaban por una educación pública y de calidad y en contra de los recortes impuestos por el ejecutivo.
Poco ha cambiado en intenciones y objetivos los actuales gobernantes, que le “venden” a los trabajadores estos servicios de seguros médicos como mejoras salariales, siendo en realidad un instrumento para sus espurios intereses, al tiempo que se fomentan las ganancias de los amigotes que le financian campañas electorales y crean fondos para repartir sobres.
La contratación de seguros médicos privados para el personal público, no sólo cumple la misión de mantener mano de obra saludable al servicio del régimen, también cumple otras funciones bastardas en pos de promocionar y fomentar beneficios a sectores que destruyen lo público y que se imponen como poderes fácticos por encima de la voluntad de la ciudadanía.
Resulta extraño que en una comunidad como Canarias que teniendo los salarios más bajos del estado y una de las tasas de desempleo más altas, exista el mayor número de clínicas privadas por metro cuadrado. Es imposible entender que con las escasez de renta de las personas puedan estas empresas tener resultados económicos positivos, sólo es explicable con que la administración pública inyecte dinero en el sector privado de sanidad, tanto con la fórmula de las concertaciones como con la contratación de seguros médicos para el personal público y cargos de la administración.
El funcionariado debe entender que ese “complemento salarial” o “mejora”, no es otra cosa que una trampa para que el sector privado de la sanidad y las entidades financieras, propietarias de las compañías aseguradoras, obtengan resultados económicos beneficiosos a cambio del detrimento del sistema público y la ruina de muchas familias. Nada extraño en la forma de actuar de los dirigentes políticos, pues ya se encargaron de reducir salarios, congelar incrementos, quitar pagas extras, para destinarlo a tapar las vergüenzas de los banqueros, algunos de ellos imputados por estafa y demás tropelías.
El dinero destinado a seguros privados para el personal y cargos públicos debe destinarse a un fondo común en apoyo y fomento de la sanidad pública, consiguiendo mejorar sustancialmente este servicio que conlleva, entre otras cosas, a la contratación de personal sanitario, repercutiendo en más cotización y tributación, obteniendo a su vez más recursos públicos para la sanidad, influyendo en la reducción de las concertaciones con el sector privado (ahorro en la partida presupuestaria de sanidad), disminución de las listas de espera que interviene directamente en menos gasto farmacéutico, creando más recursos para la sanidad pública cada ejercicio, entrando en un bucle de incremento de recursos que nos llevaría a salir, a corto y medio plazo, de ese triste ranking de ser la peor sanidad pública del Estado en la que actualmente estamos, incluso se obtendría recursos para invertir en programas y proyectos de salud pública, actualmente en situación deficitaria, de esta forma caminaríamos hacia ese fin donde el pueblo obtendría lo que por derecho y justicia le corresponde, un servicio digno y de calidad.
Dice la constitución, esa que los que juran o prometen cumplir y hacer cumplir, la han violado, mancillado, ultrajado y despreciado, que todos somos iguales ante la ley, chiste vigente desde 1978 y renovado por el jefe del Estado español en diciembre de 2011, ya que una sociedad que aspire a la igualdad no puede permitirse el lujo de diferenciaciones y de “privilegios”, máxime cuando esos “privilegios” enmascaran la destrucción del sistema público en aras del beneficio empresarial. Decía Dwight Eisenhower que “un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios, perderá ambos”, pues a ese destino nos encamina las desigualdades y las diferenciaciones.
El sistema de sanidad público tiene graves problemas que se están viendo agradados por la estrategia de fomentar la parasitación del sistema privado, condenándonos a pasar de ser pacientes o usuarios de un servicio público a clientes, siendo conscientes de que para ser clientes hay que ser rentable, quedando excluidos de tratamientos aquellas personas cuyas patologías no intervengan positivamente en la cuenta de resultados. Un cargo público no puede ser considerado como tal cuando con sus decisiones destruye servicios públicos para promover ganancias ilícitas del sector privado.
Si privatizar empresas es un robo, privatizar servicios públicos como la sanidad es un crimen (Ángeles Maestro).