{mosimage}LaOpinion.- Tres de los 19 testigos que pasaron ayer por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife han puesto en un verdadero aprieto al exalcalde de El Rosario, el socialista Macario Benítez. El regidor local, junto a otros cinco políticos que formaron parte de su Gobierno entre 2003 y 2007 y la secretaria municipal, están acusados por un presunto delito de prevaricación administrativa por la tramitación y aprobación del ilegal Plan Parcial de El Varadero.
En total, fueron más de nueve horas de interrogatorios que arrojaron un poco más de luz al conocido caso Varadero, que tiene que ver con la intención de construir en esa zona un complejo urbanístico de casi un millar de viviendas pese a ser suelo rústico protegido, de acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), y de prohibirse el uso turístico. Diversas sentencias del Contencioso-Administrativo ya informaron en contra del Plan Parcial, pero lo que le toca ahora al Juzgado de lo Penal es dictar si los siete acusados lo tramitaron y aprobaron a sabiendas de que era ilegal.
El argumento principal de los seis procesados que estuvieron en el Gobierno en aquella etapa es que contaban con el informe favorable de la secretaria del Ayuntamiento, María Anita Alonso, y que en ningún momento tuvieron constancia de que hubiera alguno desfavorable. El exalcalde de El Rosario, además, alegó en el primer día de sesión no recordar el por qué de la clave de los hechos: el envío de un fax a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para paralizar el Plan Parcial. Las declaraciones de ayer de Alberto Manuel Luengo, Rafael Castellano y Marta María Pérez echaron abajo su defensa.
La acusación popular (IR-Verdes), representada por el letrado Pedro Fernández Arcila, solicita para los siete procesados (Macario Benítez, la exconcejal de Urbanismo Ana Lupe Mora y los otros cuatro antiguos ediles Abel Acosta, Laurentino Quintana, María Elba Delgado y Andrés Hernández, más la secretaria municipal) 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. La Fiscalía, por su parte, pide ocho para Macario Benítez, Ana Lupe Mora y María Anita Alonso, mientras que exculpa al resto. El juicio seguirá este viernes con la lectura de las conclusiones.
Alberto Manuel Luengo. El arquitecto contratado por el promotor aseguró ayer ante la juez que se intentó "acelerar" la aprobación del complejo porque iba a entrar en vigor el PIOT, que declaraba a El Varadero suelo rústico protegido, prohibiendo así todo proceso urbanizador. Para él, la norma insular era el "caballo de batalla" y reconoció que tanto él como el empresario que promovía la construcción tuvieron reuniones con el alcalde durante 32 años y la exconcejal de Urbanismo, como la que se celebró con el primero para decidir aprobar la planificación por "silencio administrativo positivo" por parte de la Cotmac, unos encuentros que Macario Benítez no reconoció.
Luengo señaló incluso que en un primer momento Amador Díaz tenía la intención de construir un hotel en ese lugar, algo que el empresario negó ayer, y que tanto el promotor como el antiguo alcalde acudieron a la Comisión de Ordenación el día que en la Ponencia Técnica iba a decidir si aprobaba el Plan Parcial o no, otro punto con el que también contradijo la versión del acusado. Ese mismo día, además, llegó allí un fax del Ayuntamiento en el que se pedía que el expediente quedara sobre la mesa. En su opinión, eso se debió a que Macario Benítez sabía de la existencia de los informes desfavorables emitidos por técnicos del Gobierno canario, por lo que él mismo cree que la resolución de este órgano sería "contraria" a la actuación en El Varadero.
Entre 2002, cuando el proceso quedó paralizado en la Cotmac, y 2004, cuando fue aprobado en el pleno bajo el argumento de silencio positivo, el arquitecto indicó que no se incorporó documentación nueva, tal solo un informe del Consejo Insular de Aguas, y que los reparos del área de Carreteras del Cabildo fueron solventados en un texto refundido, al que supuestamente se le dio luz verde en esa sesión plenaria de hace más de 10 años. A la pregunta de la Fiscalía sobre por qué no está ese documento en el expediente y por qué la secretaria firma el proyecto presentado en 2001, declaró: "No me he ocupado" de buscarlo, poniéndose a disposición de la juez si lo consideraba oportuno. Ella, sin embargo, le recordó que ya se le había requerido y que no lo había aportado, así que consideró su ofrecimiento fuera de lugar.
Rafael Castellano. El exdirector de Ordenación del Territorio indicó que el Plan Parcial quedó paralizado en la Cotmac porque así mismo lo había solicitado el Ayuntamiento, ya que Macario Benítez "sabía" que "iba a tener reparos". El desconocimiento de este tipo de valoraciones es el principal argumento de los acusados pero, en este caso, el testigo aseveró que el exregidor estaba "al tanto" de esos informes negativos porque "lo normal" es que se remitan al Consistorio "72 horas antes de la Ponencia", además de que el interesado también "puede ir" directamente al organismo.
Como la Corporación pidió que no se tratara ese asunto, el informe preceptivo de la Comisión no se llegó a emitir, pero Castellano apuntó igualmente que "lo normal" es que, teniendo informes desfavorables, la Mesa se pronunciara en contra. El Gobierno local, sin embargo, aprobó dos años después, en 2004, el proyecto para El Varadero argumentando que la Cotmac no había emitido ese informe preceptivo dentro del tiempo marcado por la ley. El director de Ordenación por aquella época recordó al respecto que este asunto no se volvería a tratar en otra Ponencia si el Ayuntamiento no lo solicitaba, tal y como ocurrió a lo largo de ese tiempo.
Marta María Pérez. La arquitecta del Gobierno canario fue una de las encargadas de elaborar uno de los informes negativos contra el Plan Parcial, en resumidas cuentas porque iba en contra del PIOT y de la Ley de Moratoria Turística. Lo importante de su declaración no es solo el sentido de su valoración, sino también que ha sido la única de los testigos que dice haber visto a Macario Benítez en la Cotmac el día que se iba a tratar este asunto. De hecho, ayer indicó que fuera de la sala había "más gente de lo normal" y que el exregidor comentó que estaba esperando por un fax.
Respecto a la pregunta de si era posible que el antiguo alcalde supiera ya de los reparos, declaró que "algo tuvo que haber pasado" para retirar ese punto de la Mesa de la Cotmac y agregó que los informes emitidos están "a disposición de cualquier persona porque son documentos públicos", sin saber si Macario Benítez llegó a consultarlos.
María Ángeles Brito. La arquitecta municipal puso hasta 27 reparos al Plan Parcial porque iba en contra del PIOT y de la Moratoria, según declaró ayer ante la juez, pero la secretaria del Ayuntamiento defendió en la primera sesión del juicio que las advertencias que hizo Brito eran documentos de "trabajo" y que no consideraba "necesario" informar sobre su "punto de vista contrario". La acusada, de igual forma, aseveró que las recomendaciones fueron subsanadas.
Escolástico Gil y Jacinto Correa. Los dos concejales de IR-Verdes fueron los que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Ambos recordaron ayer que todos los ediles de la oposición votaron en contra del Plan Parcial al considerar que era ilegal. Escolástico Gil, incluso, afirmó que ya desde entonces se conocían los informes negativos de la Comisión de Ordenación y que de igual forma el Gobierno local lo aprobó bajo la defensa de la exconcejal de Urbanismo. "Advertimos de la ilegalidad hasta en siete ocasiones", agregó él, ahora nuevo alcalde de El Rosario.
Ediles y exconcejales. Ediles del Gobierno local entre 2003 y 2007 coincidieron a la hora de señalar que nunca se les dijo que había informes desfavorables al Plan y que lo apoyaron siguiendo la disciplina de voto de su partido o por la confianza que tenían en Macario Benítez y Ana Lupe Mora.