Macías traslada al Ministerio la negativa de la Consejería de Sanidad a la creación de un registro de personas en situación irregular
{mosimage}SB-Noticias.– La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrada esta mañana en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha terminado con la negativa de 12 de las 17 comunidades autónomas a la propuesta del secretario general, Rubén Moreno, de crear un nuevo sistema de atención específica para las personas en situación irregular.
“El Ministerio nos ha presentado hoy un documento diferente al previsto, lo que habla muy poco rigor su forma de actuar, y en él se han incluido cambios sustanciales sobre el texto en el que se venía trabajando en los últimos días. Ellos proponen que se abra un periodo de consulta de 15 días para que en un próxima reunión con las comunidades autónomas se hagan todas las aportaciones necesarias para mejorarlo”, detalló a la salida de la reunión el director general de Programas Asistenciales, Bernardo Macías.
Según Macías, “lo esencial de su propuesta es la misma que el Gobierno ha mantenido las últimas semanas, pero con la variante de que ahora está tratando de documentar jurídicamente y reforzar esa postura, pero la mayoría de las comunidades ya les hemos replicado que eso no va a servir para nada y que nosotros no vamos a cambiar de opinión en 15 días y que, por lo tanto, no tiene sentido que este asunto se vuelva a traer a este foro sino que, en todo caso, se eleve al Consejo Interterritorial y que sean los consejeros los que tomen la decisión política”
El director general de Programas Asistenciales insiste en que “había una situación de atención universal real y jurídicamente avalada antes de la aprobación del Real Decreto 16/2012 que fue el responsable de que se desbarata la situación y, ahora lo que pretende el Ministerio de Sanidad es que entre las comunidades autónomas arreglemos su desaguisado, pero nosotros lo que mantenemos es que si él lo rompió que él lo arregle y que no cuente con nosotros para parches”.
Durante la reunión el grueso de las comunidades autónomas, incluida Canarias, mantuvieron que los ciudadanos, por derecho universal, tienen derecho a la salud y por lo tanto atención sanitaria y que para ello el primer paso debe ser la derogación de la actual norma vigente.
Cabe recordar que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa adelante con los trámites para garantizar la atención sanitaria a las personas que residen en las islas con la máxima seguridad jurídica.