{mosimage}SB-Noticias.– La regulación definitiva de la venta ambulante en La Laguna, está en un callejón sin salida, o eso al menos es lo que piensa el Grupo Municipal Unid@s se puede. Su Portavoz, Rubens Ascanio, recuerda que “se aprobó en Pleno en el año 2012 la redacción definitiva de una Ordenanza Municipal que regulara la Venta Ambulante, pero a día de hoy, se sigue dando largas a las más de 200 familias interesadas en esta actividad”.
El acuerdo Plenario al que se refiere Ascanio, recogía el compromiso expreso de que el documento estaría redactado en un plazo no superior a los seis meses, pero a día de hoy dicho documento no ha sido publicado, ni tan siquiera a modo de borrador para poder ser debatido con las personas que se dedican a este tipo de comercio. Recuerda que “el municipio está obligado, según la normativa europea, a contar con este actividad económica, que debe convivir con el comercio tradicional o las grandes superficies como una opción más que tiene la ciudadanía para adquirir sus productos”.
“Es lo de siempre, a lo que este Gobierno acostumbra, se gastaron 12.000 euros de dinero público en un informe sobre la ordenanza, encargado a expertos de la Universidad de La Laguna, que debe estar en alguna gaveta desde el verano de 2013”, apunta Rubens Ascanio, quien además recuerda que también en marzo de este mismo año se llevó a Pleno una moción para exigir la puesta en marcha de esta Ordenanza, sin que se haya hecho absolutamente nada al respecto.
Para concluir, Ascanio reclama a la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, responsable de la regulación de esta Ordenanza, que desbloquee el proceso lo antes posible y que se actualice el documento para que las personas que realizan venta ambulante en La Laguna, puedan de una vez por todas hacerlo de forma reglada y legal. En este sentido anuncian que apoyarán todas las iniciativas promovidas desde el colectivo de vendedores ambulantes para que lo antes posible La Laguna cuente con espacios establecidos legalmente donde desarrollar esta actividad económica.
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Sí se puede propone agotar otras posibilidades antes de la permuta de suelo público por viviendas privadas
Sí se puede propone agotar otras posibilidades de atender la demanda de vivienda social antes de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife opte por aplicar la fórmula de permutar suelo público por viviendas construidas en el mercado libre, según el anuncio reciente de la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto.
El concejal ecosocialista en la capital tinerfeña Eligio Hernández Bolaños ha pedido el informe de los servicios jurídicos de la empresa municipal de vivienda sobre la citada permuta, que, según la concejala, avala la operación. Además, el edil pide el inventario de propiedades que se pretende ofrecer en este intercambio.
Hernández Bolaños advierte de que la permuta es una operación en la que es muy difícil que las partes implicadas resulten beneficiadas de igual manera. “Parece improbable que una empresa, y sobre todo un banco, acepte una permuta si no es para ganar con el cambio”, apunta. El concejal insiste en que la fórmula anunciada por la concejala Alberto “supone un perjuicio para el patrimonio público municipal, que quedaría descapitalizado al perder suelo de su propiedad”.
Tal como presenta la operación el grupo de gobierno, la permuta “podría facilitar un negocio para promotores y bancos, al quitarles el lastre de inmuebles sin vender y desocupados” –se estima que los bancos tienen en Santa Cruz unas cinco mil viviendas vacías provenientes de ejecuciones hipotecarias– a cambio de un suelo hasta ahora público en función del valor asignado por una tasación actual, lo que “puede suponer un coste de oportunidad negativo para el Ayuntamiento”.
Sin embargo, la experiencia demuestra que, cuando los representantes públicos, en sus actuaciones, tienen en cuenta los intereses de la ciudadanía y especialmente los de los sectores más vulnerables, los bancos propietarios de viviendas vacías acceden a cederlas para alquiler social, como sucede en otros municipios del Estado.
Hernández Bolaños exige al alcalde que “deje de hacer de comercial y haga un esfuerzo real en este asunto para defender el interés público; el objetivo del ayuntamiento en materia de vivienda en este momento –apunta el concejal de Sí se puede– debe ser que los bancos liberen inmuebles desocupados para un fin social, incluso, si es necesario mediante el uso de la vía coercitiva, no propiciar que hagan negocio con ellos”.
Alternativas
Hernández Bolaños apunta a que “existen alternativas que deben ser exploradas e implementadas antes de llegar a estos planteamientos y que no conllevan la pérdida de patrimonio público de suelo”. Entre estas alternativas, el concejal de Sí se puede propone la creación de una Agencia Municipal de Alquiler que medie en el alquiler de viviendas vacías para las personas con menos recursos económicos; la medida se puede complementar con una recarga del 50% del IBI aplicable a los inmuebles de uso residencial desocupados que sean propiedad de entidades financieras. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 la capital tinerfeña disponía de alrededor de 12.500 viviendas vacías.
Otra posibilidad que se debe contemplar antes de optar por la permuta de suelo público por viviendas privadas es destinar al Patrimonio Municipal del Suelo –una vez se constituya como exige la legislación– parte de las rentas derivadas de los arrendamientos de las viviendas del patrimonio inmobiliario municipal retenidas en la Sociedad Pública de Viviendas Municipales, con las que se puede adquirir inmuebles para destinarlos a viviendas sociales. Sí se puede estima que estas rentas ascienden a tres millones de euros.
Parte de esos tres millones de euros –en otra de las posibilidades que baraja la organización ecosocialista– puede destinarse a alquilar viviendas con el objetivo de cederlas a familias con pocos recursos económicos, dentro de un programa de acceso a la vivienda. Como ejemplo, Bolaños destaca que, en el caso de destinar el total de los fondos ahora inmovilizados a pagar rentas de alquiler de 200 euros mensuales, se podrían alquilar 250 viviendas durante cuatro años.