Intersindical Canaria se suma a la petición de indulto para la abuela Josefa Hernández

Requiere al Juzgado de lo Penal 2 de Puerto del Rosario a decretar la inmediata libertad provisional sin fianza mientras llega el indulto

{mosimage}SB-Noticias.- Para la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria , el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la sextenaria abuela y vecina de Fuerteventura condenada a seis meses de prisión por no derribar su  propia vivienda construida en un espacio protegido en el Parque Rural de Betancuria, en el centro penitenciario de Tahíche (Lanzarote) dejando además en situación de desprotección a su hija con diversidad funcional reconocida y a sus tres nietos, constituye una verdadera vergüenza y demuestra una vez más la doble vara de medir de la justicia española, inflexible y tajante contra los débiles pero complaciente y laxa  a favor de los poderosos.

La crueldad y falta de sentido proporcional de la justicia demostrada con el envío a Josefa a la cárcel contrasta con la manera tolerante y benevolente con que se han abordado otras construcciones ilegales que verdaderamente han constituido y constituyen delitos ambientales y han degradado el paisaje de las islas sin que, por ello, nadie vaya a la cárcel. 

 

Es el caso, por ejemplo,  del recientemente indultado Miguel Ángel Ramírez por una construcción ilegal que no ha derribado;  los múltiples construcciones turísticas y hoteleras ilegales que siguen operando, el conocido como “Mamotreto” en la playa de Las Teresitas, e incluso otras como las agresiones ambientales y al patrimonio practicado por el Instituto Astrofísico de Canarias en el Roque de Los Muchachos en el que se encuentran implicados los propios gobiernos canario y estatal.

En este sentido Intersindical Canaria se suma a las miles de voces que exigen el indulto inmediato para Josefa Hernández, medida que debe ir acompañada de los trámites gubernamentales para facilitar a la unidad familiar el acceso a una nueva vivienda. Mientras llega la medida de gracia, Intersindical requiere del titular del Juzgado 8 del Puerto del Rosario, la inmediata puesta en libertad provisional sin fianza para la abuela encarcelada, a la que se ha aplicado por el titular del juzgado la pena más severa prevista en el código penal español, situación sin precedentes en un teórico estado de derecho considerando la situación personal y familiar de la señora Hernández.