{mosimage}Elmundo.- El éxito del rey de la seguridad tenía truco. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario indultado por el Gobierno que había conseguido hacer frente a las grandes del sector en la adjudicación de contratos públicos, acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
Ramírez, cuyas imágenes celebrando el ascenso a Primera División de su equipo como si fuese un futbolista más dieron la vuelta al país, tiene ahora mismo encomendados los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa (un contrato de 32 millones), del Metro de Madrid (71 millones) o del Palacio Real (tres millones). También custodia la propia Tesorería General de la Seguridad Social a la que defrauda (2,4 millones), entre otros edificios oficiales. Desde 2011, ha recibido adjudicaciones del Estado y de varias comunidades, sobre todo Canarias, por valor de 180 millones.
Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia Tributaria ya había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de Ramírez, Seguridad Integral Canaria, para acudir a los concursos públicos ofertando los precios más competitivos. Según un informe de diciembre de 2013, lo que hacía era pagar como si fuesen dietas de kilometraje o manutención -que están exentas de tributación y cotización- las cantidades correspondientes a las horas extras trabajadas por sus vigilantes.
El último informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investiga a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros). Quedan pendientes las de 2013, por lo que la cifra acabará siendo mayor. Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».
Según señaló la Agencia Tributaria en 2013, «esta forma de actuar sería, desde un punto de vista tributario, más ventajosa que otra modalidad de fraude en apariencia más grave, como es el pago de salarios en B o de forma opaca», porque además del ahorro en retenciones y cotizaciones, las cantidades pagadas son deducibles en Sociedades.
Los inspectores del Fisco añadían que «no es ajena a esta forma de actuar que Seguridad Integral Canaria sea una empresa de seguridad y que sus clientes más importantes sean administraciones públicas, obligadas a la contratación mediante concursos en los que las licitaciones se deciden, con escaso margen de discrecionalidad, a favor del postulante que ofrece mejores precios, lo que otorgaría una clara ventaja competitiva» a Ramírez. Eso es así porque el ahorro en costes salariales que consiguió fue «más que relevante».
Mientras que en otras sociedades del sector el pago de dietas alcanza un porcentaje de alrededor del 3% del total de salarios, en Seguridad Integral Canaria llega a ser de 10 veces más: un 30%, casi un tercio de la masa salarial. Para que fuera cierto, cada trabajador tendría que recorrer 11.000 kilómetros al año y generar derecho a manutención a diario.
El conocimiento de estos detalles no impidió al Gobierno concederle un indulto para evitar su ingreso en prisión por un delito medioambiental que cometió al construir en un valle protegido. El Supremo revocó esa gracia momentáneamente.
Ramírez está pendiente de otro juicio por estafa y apropiación indebida por falsear -presuntamente- los datos de los servicios prestados en el Aeropuerto Sur de Tenerife para incrementar su facturación con Aena. El ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, acudió en 2013 a inaugurar un concesionario BMW de su propiedad. Entonces dijo de él: «Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco».