El Consejo de la Transparencia insta al ministerio a hacer públicas las declaraciones de los expertos nombrados por el Gobierno
{mosimage}El Ministerio de Sanidad ha estado ocultando los posibles conflictos de intereses de los expertos que nombró para el comité del plan nacional contra la hepatitis C, algo que le censura el Consejo de la Transparencia en una resolución reciente, donde además insta a hacer públicas las declaraciones firmadas por los expertos.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció a principios de enero la creación de un comité de expertos naciones e internacionales, coordinados por el hepatólogo Joan Rodés, para elaborar el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. Lo hacía después de varias semanas de protestas en la calle y encierros de afectados en varios hospitales, que reclamaban acceder a los nuevos y costosos tratamientos para esta enfermedad, y de la presión del colectivo de hepatólogos, que lamentó públicamente no poder tratar a sus pacientes con los mejores fármacos disponibles.
El plan de la hepatitis C tampoco se ha hecho público
El plan gubernamental para tratar, al menos, a 52.000 enfermos de hepatitis C con los nuevos y costosos fármacos antivirales se aprobó a finales de marzo. Poco después se acordó cómo financiarían las comunidades autónomas los 727 millones de euros que el Ministerio de Sanidad calculó que será necesario desembolsar en los próximos tres años para tratar a todos los afectados. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad aún no lo ha publicado. A preguntas de EL PAÍS, una portavoz aseguró este martes que está a punto de ser publicado en la página web del ministerio.
Poco después de que se diera a conocer el nombre de los expertos elegidos (seis españoles y tres extranjeros), la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó un informe sobre los conflictos de interés que, en su opinión, tenían estos especialistas por sus relaciones con laboratorios que producen los fármacos, especialmente con Gilead, la farmacéutica fabricante de Sovaldi, la más conocida de estas nuevas píldoras.
El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, pidió durante una comparecencia parlamentaria de Alonso que los expertos firmaran una declaración de interés. El ministro contestó que así se había hecho, pero siempre se ha negado, también ante la petición de los medios de comunicación, a hacer públicas esas declaraciones. Ahora el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno le insta a ello en una resolución con fecha de 25 de junio. “Es innegable a nuestro juicio que conocer si existen eventuales conflictos de intereses entre los encargados de realizar un plan estratégico en el campo de la sanidad […] es, precisamente, el objetivo principal que persigue la Ley de Transparencia.
La resolución del Consejo deriva de la queja presentada por un ciudadano que, a través del Portal de Transparencia, pidió las declaraciones de interés de los expertos. El Ministerio de Sanidad le denegó la petición. La Dirección General de Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia contestó con una lista de los miembros del plan estratégico que incluía nombre y apellidos, cargo y centro de trabajo. En otra, informaba de quiénes eran los expertos de apoyo y finalmente del grupo de revisores externos. “Todos los participantes han firmado una declaración de intereses según el modelo y procedimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, añadía la contestación.
Pero esa era información ya publicada y conocida, por lo que el reclamante insistió. El Consejo entiende que lo que pedía era la copia de esa declaración firmada, es decir, saber efectivamente si existe algún tipo de conflicto de interés que cuestione la independencia de los expertos. Entre los argumentos que da el Consejo está el código ético de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del ministerio, que incluye a los miembros de comités entre los que deben dar a conocer las declaraciones de intereses.
Sanidad no preguntó a los expertos
El Ministerio de Sanidad alegó que dar a conocer las declaraciones de los expertos del comité de la hepatitis C vulnera la normativa de protección de datos. Añadió que no contaba con el consentimiento de los afectados. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechaza esos argumentos; no solo porque los datos no están “calificados como especialmente protegidos”, sino porque Sanidad ni siquiera intentó recabar el consentimiento de los expertos.
Así lo confirma a EL PAÍS Agustín Albillos, jefe de Gastroenterología del hospital Ramón y Cajal de Madrid, catedrático y miembro del comité, que añade que no pondría impedimentos a que se divulgara la declaración que firmó. Le preocupa, eso sí, que la información se divulgue sin ir acompañada de una explicación, porque "está sujeta a demagogia".
Colaboración con las farmacéuticas
También explica que en el ámbito académico e investigador es muy habitual colaborar con las farmacéuticas, en parte porque son las que dan formación continua a los médicos. "Cualquiera que esté en el ámbito académico necesita a la industria farmacéutica, y al revés. Es mutuo. Nosotros los necesitamos a ellos y ellos a nosotros para desarrollar mejor sus productos y divulgar sus resultados. Eso no quiere decir que un médico pierda su independencia", añade Albillos.
"Colaboro prácticamente con todas las compañías. Lo raro es no trabajar con ninguna, porque quiere decir que alguien no tiene actividad investigadora. Lo sospechoso es cuando solo aparece una empresa, cuando un médico solo da charlas solo para un laboratorio y habla únicamente de los beneficios de sus productos", añade. En su caso, la FADSP publicó como posible conflicto de interés que dirige un master en Hepatología en la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con Roche. "El dinero lo recibe la universidad, no el médico, y se destina para becar a alumnos; eso es algo que tiene que entender el público", subraya.
Todos los profesionales que integran la comisión encargada de elaborar el plan estratégico para la hepatitis C tienen conflicto de intereses que cuestionan su independencia:
1. Agustín Albillos: Jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal y director del grupo de investigación de hipertensión portal de su instituto de investigación sanitaria IRYCIS de colaboración público privada. Dirige el Master de hepatología de la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con ROCHE, participa en cursos financiados por Gilead.
2. Alfonso Moreno: catedrático de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la comisión nacional de especialidades desde hace 20 años, incumpliendo la legalidad vigente (la LOPS exige la renovación cada 4 años). Este profesional pertenece al autodenominado Foro de la Profesión, y fue firmante con Ana Mato el acuerdo que abría el camino a la privatización de la gestión clínica. Preside además la Fundación Hospital Madrid, el organismo investigador del grupo privado HM hospitales, vinculado al fondo privado de investigación START de Texas. Como Juan Rodés es patrono de la fundación Pfizer.
3. Javier Crespo, jefe de servicio de digestivo del hospital de Valdecilla, participante en cursos sobre hepatitis financiados por Gilead. Es vicepresidente de la Asociación Española para el estudio del Hígado (AEEH) asimismo financiada por la industria, especialmente por Gilead. Crespo participa en varios ensayos clínicos financiados por Gilead y otras compañías farmacéuticas.
4. María Buti: Jefa de servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, y Miembro del CIBER, consorcio público-privado para la investigación sobre enfermedades hepáticas, del Instituto de Salud Carlos III. Recientemente coordinó las jornadas sobre el tratamiento de la hepatitis, realizadas en Barcelona y patrocinadas por Gilead. Realiza trabajos de investigación financiados por esta multinacional farmacéutica.
5. Antonio Andreu, también proviene del Vall d’Hebrón. Es director del Instituto de Salud Carlos III desde marzo de 2013, el mayor organismo público de investigación, pero que cada vez se encuentra más infiltrado por la industria sanitaria privada que financia y por lo tanto influye las prioridades de investigación, que suelen encaminarse esencialmente a la fabricación de patentes. Poco después de su nombramiento, en Julio de 2013, Andreu aprueba un programa de investigación sobre VIH y Hepatitis C patrocinado por Gilead.
Los miembros internacionales seleccionados tienen conflictos de interés con Gilead y con las otras que han comercializado o están pendientes de la aprobación de la FDA, que les permita participar en el fabuloso nicho de negocio mundial de la hepatitis C.
6. Massimo Colombo, catedrático de Gastroenterología en la Universidad de Milán (Italia). Pertenece al comité científico de la CF Gilead; además recibió subvenciones a la investigación, es asesor y/o conferenciante de Schering, Roche, Bristol-Myers, Gilead, Bayer, Novartis, Vertex y Tibotec.
7. Michael Manns, director del departamento de Gastroenterología, Hepatología y Endrocrinología de la Escuela de Medicina de Hannover (Alemania) y presidente del comité científico de Gilead.
8. Jean Michel Pawslotsky, director del Centro Nacional de Referencia para Hepatitis Víricas y del departamento de Virología del Hospital Henri Mondor de Francia. Ha colaborado como asesor de Gilead y de Abbott, Boehringer, Bristol-Myers, Glaxo, Janssen, Sanofi-Aventis, Schering, Merck, Novartis, Pfizer, Roche y Vertex entre otras.
Ante esta situación, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública exigimos:
– Que los organismos públicos de evaluación de tecnologías sean los que emitan un informe, tras la evaluación de la mayor evidencia disponible en el manejo de la hepatitis C
– La publicación inmediata de toda la información (datos brutos) sobre los pacientes a los que se ha administrado el tratamiento con sofosbuvir en las distintas CCAA, antes de su aprobación, como uso compasivo, y tras su aprobación por el Ministerio de Sanidad, sus resultados y los efectos secundarios observados.
– Que los profesionales más prestigiosos de los servicios públicos de salud de las diversas CCAA (que deberán financiar el tratamiento) sean los componentes de la comisión que deberá elaborar el plan estratégico de la hepatitis C, prescindiendo de los miembros con cualquier conflictos de interés. También es necesario que se incorporen expertos en Epidemiología y Salud Pública.
– La exploración de todas las vías que conduzcan al abaratamiento de los antivirales que se consideren beneficiosos para los pacientes, incluyendo su fabricación como genérico.
– La revocación de un comité plagado de conflictos de intereses, que chocan frontalmente contra la responsabilidad que supone la elaboración de un plan estratégico para la hepatitis C.
Para finalizar, el ministro de Sanidad es el primer responsable en la elección de un comité de expertos estrechamente relacionado con la industria farmacéutica y con tantos conflictos de interés. Una vez más esta claro que se priorizan los intereses económicos de la industria farmacéutica por delante del derecho a la salud de la ciudadanía.