Esta situación irregular viene siendo denunciada desde hace muchos años, pero hasta la fecha, se había mirado para otro lado desde las instituciones
{mosimage}{mosimage}Entrevista a María Eugenia García
SB-Noticias.- María Eugenia García, portavoz de la Plataforma de Taxistas Asalariados de Las Palmas de Gran Canaria comentó en Radio San Borondón la reciente sentencia sobre el caso de los “floteros” en la que se condenó a sesenta y cinco titulares, y dijo que “la sentencia es reconfortante, no solo por la condena, sino porque supone el reconocimiento de una estructura de corrupción en el tema del taxi que venimos denunciando desde hace siete años en los que se sabía lo que estaba pasando, pero todos miraban hacia otro lado”.
“En esta sentencia hay once titulares y sesenta y cinco afectados, lo que significa que el propio ayuntamiento han permitido esta irregularidad, y ahora mismo en la ATAT, la mitad de sus titulares son viudas o jubilados, por lo que cualquier votación que se haga nos anula a los asalariados”.
También señaló María Eugenia García el error que cometió recientemente el alcalde “cuando habló de rescate y revocación como si fueran la misma cosa, y de licencia municipal como si fuera una empresa, y esto implica que todo el mundo estudie un poco para después empezar a hablar”, y añadió: “Hasta ahora, quienes han hablado claro han sido los juzgados, y han repetido lo que nosotros llevamos tiempo diciendo”.
También quiso dejar claro que esto se podría haber arreglado desde el principio, “sin recurrir a instancias superiores, pero ha sido el propio ayuntamiento el que no ha querido, y no sólo eso, sino que la primera norma que sacan de la ley del 2007 es que se permiten hasta cinco licencias, lo que significa ir en claro favor hacia los floteros”.
“Ahora, con respecto al taxi se habla de una mesa para tratar la viabilidad y la sostenibilidad, pero no se habla de una auditoría de titulares”, agregó: “Ahora el que entre, tiene se encuentra con una situación, y tiene que plantearse qué hacer, si emprender acciones, y eso, si no se hace bien puede ir para muy largo”.
Por último, dijo, respecto al ayuntamiento que entiende que ahora hay otras cosas que van primero, pero también quiso puntualizar que “si el ayuntamiento no toma una actitud de responsabilidad y de transparencia política, sino que se comienza con procedimientos de engaño que durarán otros cuatro años y luego quedan en el aire, eso no lo vamos a permitir”.
En el año 2009, tras denuncias en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, referidas a prácticas en el sector del taxi en la capital grancanaria que pudieran constituir infracciones municipales, fiscales y laborales, se inició una investigación coordinada entre administraciones. La Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dirigió las primeras actuaciones de la investigación, consistentes en comprobaciones con grabaciones de vídeo realizadas desde vehículos camuflados de la Policía Local. Las indagaciones se centraron en la cooperativa de taxistas San Cristóbal y, tras meses de pesquisas, el 8 de abril de 2010 la Policía Local, la Agencia Tributaria e Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevaron a cabo una actuación conjunta de registro y precinto de las oficinas de tres floteros que explotaban un total de cien licencias de taxi en la capital grancanaria. En la investigación posterior de la parte de la trama dependiente solo del flotero Oliverio Rodríguez Quintana se han visto envueltas alrededor de un centenar de personas, entre los titulares de las licencias y los trabajadores explotados.
El magistrado González Prieto, en su sentencia del pasado 8 de junio, considera probada la existencia de una red en la que el titular de la licencia 1.220, Oliverio Rodríguez Quintana, es un "auténtico empresario que se dedica como actividad principal a la gestión integral" de un conjunto de licencias con trabajadores con los que actuaba dándoles de alta en una u otra licencia como si fuese una empresa de trabajo temporal sin tener autorización legal para ello. Se trata de las licencias correspondientes a los números 754, 516, 857, 767, 863, 989, 1.075, 1.357, 964, 1.620 y 1.044. Cada uno de estos permisos de explotación de taxis municipales tiene múltiples propietarios, hasta sumar los 65 que figuran relacionados en la fallo judicial y que han de abonar los 6.251 euros de multa por cada licencia en caso de que el responsable de la red, Rodríguez Quintana, no los pague.
No entra, sin embargo, el juez a valorar si hay delito fiscal en la explotación de los taxis, otra de las cuestiones objeto de esta larga instrucción. Asimismo, el magistrado no aprecia cesión ilegal de trabajadores entre Oliverio Rodríguez y los titulares de otras tres licencias puestas en entredicho: las número 1.210, 978 y 1.314. Sus propietarios han quedado absueltos.
En cualquier caso, ha anunciado que tiene previsto reunirse con los taxistas de la ciudad con el fin de poder consensuar con ellos una posible modificación de la ordenanza municipal con la que el anterior grupo de gobierno aprobó "sin consenso" el vigente reglamento que afecta al colectivo.
Augusto Hidalgo también ha avanzado que, en adelante, "la posible revocación de licencias de taxis tendrá que estar ajustada a un estudio sobre las necesidades reales que tiene Las Palmas de Gran Canaria que, seguramente, están sobredimensionadas".
Entre los posibles procedimientos a estudiar para reducir el volumen de licencias de taxi, Hidalgo se ha referido al que se está aplicando Tenerife, consistente en la compra de licencias por parte del Cabildo.
El alcalde prevé que el pleno del Consistorio apruebe el viernes la nueva estructura organizativa, con la distribución de áreas acordada por los tres partidos que conforman el gobierno local (PSOE, Las Palmas Puede y NC).
En la rueda de prensa de presentación del programa de actos del orgullo LGTB 2015, Hidalgo ha informado de que está previsto que en ese pleno extraordinario que se convocará el viernes también se incluyan otros asuntos, como la aprobación de los honores y distinciones que se entregarán este año con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad.
Antes de ese pleno, en las próximas horas, el alcalde tiene pensado reunirse con todos los grupos de la oposición, empezando por el PP y siguiendo con Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria, según ha detallado.