Obligaban a las mujeres a vivir hacinadas en burdeles y a estar «disponibles» las 24 horas del día
{mosimage}Agencias.- Fuentes de la Policía Nacional informaron ayer de que agentes del cuerpo han desarticulado en Tenerife una red internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de países del este europeo. Las jóvenes estaban obligadas a permanecer al menos 21 días en los burdeles que les asignaban los explotadores, donde vivían hacinadas junto a otras compañeras y «disponibles» las 24 horas del día.
La intervención policial impidió que esta red de trata de blancas abriese dos nuevos prostíbulos en Madrid y en Barcelona. Fueron detenidas 11 personas.
La investigación se inició en junio de 2009 a partir de informaciones facilitadas por las autoridades rusas a través de los canales habituales de cooperación policial internacional. Los agentes rusos informaron de la existencia de una organización transnacional dedicada al tráfico de mujeres para explotarlas sexualmente en España, concretamente en la isla de Tenerife. Las primeras pesquisas realizadas por los agentes españoles determinaron que no actuaban únicamente en la isla y que el grupo extendía también su actividad delictiva a las provincias de Barcelona y Tarragona.
La organización investigada contaba con una estructura diferenciada compuesta por varias secciones. Disponían de un aparato de captación de nuevas víctimas con sede en los países de origen de las mujeres sometidas; otra rama se encargaba del transporte y, por último, otros miembros de la organización operaban en el sector dedicado a la explotación directa de las jóvenes en burdeles repartidos por toda España. Precisamente en territorio nacional, la red estaba liderada por una ciudadana ucraniana residente en Tenerife, quien además de supervisar directamente los prostíbulos, ejercía de enlace con los miembros de la organización establecidos en el extranjero y encargados de captar a las chicas en sus países de origen. Además, la máxima responsable, que actuaba bajo distintos alias y evitaba aparecer en cualquier tipo de documento para
eludir posibles actuaciones policiales, contaba con la colaboración de ciudadanos de nacionalidad rusa y bielorrusa, afincados en diferentes localidades de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, para la gestión y control de pisos-prostíbulo. También contaba con el apoyo de otra mujer en Madrid, que no pudo poner en funcionamiento un nuevo burdel en la capital gracias a la intervención policial.
Cada prostíbulo controlado por la organización contaba al menos con la presencia de una «mami» o encargada. Estas mujeres eran las responsables de facilitar información a los clientes sobre las jóvenes disponibles en cada momento, negociar las condiciones de los servicios sexuales y efectuar el cobro. Bajo su mando, en un escalón jerárquico inferior dentro de la organización, tenían a varios «matones» con funciones de seguridad en los locales, encargados igualmente de los traslados. Las mujeres explotadas debían permanecer un mínimo de 21 días en los prostíbulos, periodo de tiempo al que denominan «plaza», percibiendo «la casa», cuanto menos, la mitad de las ganancias generadas en el ejercicio de la prostitución.
Las condiciones de explotación sexual impuestas resultaban especialmente penosas. Las víctimas, que estaban alojadas en situación de hacinamiento —en algunos casos dormían hasta tres mujeres en un mismo sofá—, eran obligadas a trabajar en jornadas maratonianas, con una completa disponibilidad de 24 horas al día. En uno de los prostíbulos que regentaban, el importe de cada servicio sexual se repartía al 50 por ciento entre la organización y las mujeres, a las que además cobraban aparte 10 euros diarios en concepto de manutención y alojamiento, así como otras sanciones económicas o «multas» si se desviaban de las normas impuestas.
La investigación se ha saldado, por el momento y siempre según la información suministrada por el propio cuerpo de seguridad una vez concluida la operación, con la detención de 11 personas. Se han practicado tres
registros, uno en Santa Cruz de Tenerife y dos en Barcelona, en los que se han intervenido 3.425 euros en efectivo, ordenadores, teléfonos móviles y abundante documentación.