Pedro Quevedo define al alcalde del PP como el “peor” concejal de Urbanismo de la democracia
{mosimage}SB-Noticias.- El concejal y candidato de Nueva Canarias (NC) a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, responsabilizó hoy directamente al alcalde del PP, Juan José Cardona, de la indemnización a pagar por El Confital. El también portavoz municipal nacionalista definió a Cardona como el “peor” concejal de Urbanismo de la democracia.
“Volvemos a encontrarnos con otro problema heredado” de la época en la que José Manuel Soria, como alcalde de la ciudad, y Juan José Cardona, como responsable de Urbanismo; se dedicaron a “jugar al monopoly” en la capital, “vendiendo, permutando y comprando solares, que han sido objeto de conflictos judiciales la mayoría de ellos, suponiendo gastos cuantiosos a las arcas públicas en forma de sentencias judiciales”, según NC.
Las torres del Canódromo, Pavía, El Confital y la biblioteca del Estado, en opinión de Pedro Quevedo, son “sólo algunos de los ejemplos más recientes de los errores” cometidos por aquel equipo de gobierno del PP, que hizo de esta ciudad “su finca particular, sin el más mínimo respeto a la legalidad o al interés general”.
En el caso de El Confital, continuó, es un “hecho cierto que no estaríamos en este lio” si Cardona no hubiera impulsado un Plan General que permitía la construcción de un hotel. También es un hecho cierto, agregó, que el convenio que la exalcaldesa del PP también, Josefa Luzardo, firmó con los propietarios para evitar la construcción del hotel era “irrealizable y de imposible” cumplimiento, por lo que “ahora nos encontramos que los propietarios, además de reclamar el suelo pedirán una indemnización y no por el valor actual del suelo sino por el que tenía cuando se firmó el convenio incumplido”, denunció el portavoz municipal nacionalista.
“Todo esto solo tiene un responsable, Juan José Cardona,” que promovió la construcción de un hotel en El Confital, que “ahora pagaremos entre todos”, aseguró el candidato a la Alcaldía de NC.
El diputado respalda la protesta de UGT y CC OO y ratifica su oposición a la privatización de los servicios de vigilancia
El diputado de Nueva Canarias (NC)-Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Pedro Quevedo, anunció hoy que apoya cada una de las siete enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios, todos menos el popular y CiU, a la reforma de la ley de montes del Gobierno del PP. El congresista nacionalista mostró su respaldo a los actos de protesta organizados por los sindicatos UGT y CC OO al mismo tiempo que anunció que defenderá sus enmiendas parciales destinadas a evitar la limitación de las actuaciones y la autoridad de los agentes forestales y medioambientales y a frenar la privatización de la vigilancia de los montes.
Pedro Quevedo avanzó su apoyo a las siete enmiendas a la totalidad con petición de devolución del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Amaiur, Izquierda Plural, PSOE, Unión Progreso y Democracia (UPyD), el PNV y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al proyecto de ley que modifica la ley de montes de 2003.
El congresista nacionalista se ratificó en la preocupación causada por la modificación legislativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy al promover la privatización de la vigilancia de los montes.
Tras respaldar el acto de protesta organizado hoy por CC OO y UGT, Pedro Quevedo avanzó que defenderá las enmiendas parciales presentadas por NC-CC, una vez que las peticiones de devolución de esta reforma legislativa no prosperen por la mayoría absoluta del PP,
Nueva Canarias-Coalición Canaria presentó tres enmiendas al referido proyecto de ley, dos son de modificación y una de adicción. Con la primera enmienda, Pedro Quevedo dijo que se pretende recuperar la condición de funcionario de los forestales para evitar la externalización de un servicio público, es decir, que el PP “privatice también” la vigilancia y protección de los montes.
Tampoco el diputado nacionalista se mostró a favor de la limitación de las funciones de estos agentes ya que “les degrada e infrautiliza, lo que hace sospechar que se quiere favorecer la impunidad” sobre los delitos medioambientales.
Con este objetivo, la segunda enmienda de los diputados nacionalistas aboga por “garantizar la validez y eficacia” de las diligencias practicadas por los forestales en sus “funciones de policía judicial medioambiental, directamente o por colaboración, mediante expreso reconocimiento legal de su condición de colaborador” de la Policía Judicial “a todos los efectos legales”.
A través de la tercera enmienda, NC-CC propone la creación de una disposición adicional para crear comisiones de coordinación ambiental para establecer las pautas de colaboración entre administraciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos ambientales, mediante protocolos de actuación normalizados.