“Ana Oramas vino a La Laguna a disfrutar del poder y se marchó cuando olió la crisis dejando al Ayuntamiento al borde de la quiebra”
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SB-Noticias.- El concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, criticó este miércoles en rueda de prensa, vetada por la prensa salvo Radio San Borondón, que el candidato de Coalición Canaria (CC) hable de disfraces en medio de la escandalera preelectoral cuando su partido se ha especializado en disfrazarse de oposición cuando llegan estos tiempos.
“El candidato de CC anuncia que va a bajar los impuestos cuando estamos terminando una legislatura en la que las sucesivas auditorías del Gobierno de Canarias ponen de manifiesto que el esfuerzo fiscal por habitante en La Laguna (113%) es casi el doble de la media de los municipios canarios (69,4%). Mientras que la presión fiscal por habitante en La Laguna (573 euros) supera en casi cien euros a la media de los municipios canarios (469 euros)”, señaló el concejal.
Santiago Pérez añadió que el Gobierno de La Laguna ha demostrado una obsesión recaudatoria particularmente con la subida del IBI, cuya recaudación pasó de 17,8 millones de euros en 2008 a 32,4 millones de euros en 2013.
“Es verdad que la actualización de los valores catastrales ha influido en la subida del Impuesto, pero también es verdad que el Ayuntamiento tenía margen para bajar desde el 0,53% al 0,1% el tipo impositivo como les permite la Ley de Haciendas Locales, atemperando así la subida. Podían haber amortiguado hasta en un 20% la subida durante estos años de crisis manteniendo estable el esfuerzo fiscal de los contribuyentes, pero la voracidad recaudatoria ha sido insaciable”, apuntó.
En relación con el servicio del agua, que es cara y de mala calidad, “los laguneros pagamos de nuestro bolsillo facturas que le permiten al Ayuntamiento ingresar cada año cerca de 800 mil euros en concepto de beneficios de la empresa Teidagua, es un descaro que obtengan casi un millón de euros como si fuera un ingreso corriente más”.
Y siguió diciendo que con tal nivel de presión fiscal se debiera exigir a los gobernantes que fueran más transparentes con los gastos y no ocultaran los datos, como hacen cada año por ejemplo con la partida de publicidad y propaganda, un concepto en el que han gastado en cada ejercicio de esta legislatura más de un millón de euros, a pesar de que por vergüenza siempre presupuestan menos.
Así, en 2011 consignaron 176 mil euros y acabaron gastando 1,119 millones de euros y gracias a la última liquidación hemos conocido que en 2014 presupuestan 380.800 euros para acabar gastando 1,316 millones de euros. Es del todo intolerable, máxime cuando se contrasta con el 1,2 millones de euros que gastan en políticas de empleo o los 28.000 euros que abonan a Cáritas.
Santiago Pérez recordó que “en la próxima legislatura (2016-2019) los laguneros tendremos que afrontar como pago prioritario una media de 13,75 millones de euros anuales para hacer frente a la devolución de intereses y préstamos que se han tenido que pedir por la impresionante deuda que dejó como herencia Ana Oramas, que vino a La Laguna a disfrutar del poder y se marchó sin dar explicaciones dejando al Ayuntamiento al borde de la quiebra”.
Iniciamos la legislatura en 2011 con 30 millones de euros de deuda y a lo largo de estos años se ha colocado en 100 millones de euros, después de que aflorasen 70 millones de euros en facturas que tenían escondidas en los cajones, gran parte de ella asumida al margen de la legalidad y otra buena parte por destinar a gastos superfluos el dinero que entraba como ingreso corriente sin pagar lo que se debía cada año.
En este panorama resulta muy aventurado hablar de bajar los impuestos aprovechando para disfrazarse de oposición los mismos que son responsables de la deuda. Son nuevas caras pero las mismas trampas de siempre, una forma caciquil de gestionar al Ayuntamiento.
Y terminó diciendo que La Laguna se puede gestionar con la mitad del gasto político anual (3,072 millones de euros en concejales liberados y asesores) porque el presupuesto municipal no puede seguir siendo el botín de los partidos que quieren acceder al Gobierno.