{mosimage}SB-Noticias.- Intersindical Canaria manifiesta su total rechazo a las conclusiones que ha emitido el Diputado del Común tras la presentación del informe de su gestión en la Comisión de Justicia y Gobernación del Parlamento de Canarias, por la que pedimos su dimisión, porque aprecia un desconocimiento de las normas básicas del procedimiento administrativo por parte de los empleados públicos de Canarias”.
“No entendemos cómo una persona con la trayectoria política que le ha llevado a ocupar cargos de tanta responsabilidad en nuestra Comunidad Autónoma sea capaz de hacer semejantes declaraciones, máxime cuando su partido político, el PSOE que cogobierna Canarias, es el máximo responsable de la Consejería que se encargó y se encarga de formar a los empleados públicos. Además, recordamos la falta de transparencia en los procesos de selección del cuerpo docente adscrito al Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP); que tampoco se negocia con las fuerzas sindicales en la Mesas Sectoriales. No nos queda más remedio que formarnos con nuestros propios recursos”.
Desde su punto de vista, como organización sindical que está integrada por personal que ejerce su labor diariamente en la administraciones canarias, entendemos que los cargos políticos son los que firman las resoluciones y los actos administrativos que se emiten habitualmente; a no ser que por motivos de agilidad y eficacia deleguen esta potestad en funcionarios. Eso exige el conocimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los cargos políticos, especialmente los que no tienen esos conocimientos, se han de rodear de gente lo suficientemente preparada para poder aconsejarlos debidamente, cobrando para ello del erario público.
Son éstos, en mayoría, responsables de organizar las unidades administrativas y el personal con el que cuentan para cumplir eficazmente con el servicio público que la ley le ha encomendado.
Otra cuestión que plantea es que la situación se ha acentuado con las jubilaciones realizadas en los últimos años, en especial en la Consejería de Economía y Hacienda. Al respecto, aprovechamos la ocasión para recordar al Diputado del Común que la semana pasada, en la Mesa Técnica de la Oferta Pública de Empleo del Gobierno de Canarias que se celebró el pasado 13 de marzo, sólo se presentaron 141 plazas para el 2015 por el Director General de la Función Pública; quien precisamente es nombrado por su expartido político. Esa cantidad es insuficiente a todas luces, pues desde 2011 han cesado 566 personas y se prevé la jubilación de 260 en los próximos tres años; según datos aportados por el propio Gobierno.
“Le recordamos que, casualmente, las competencias y la responsabilidad de la formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos de la administración autonómica y de las entidades locales de Canarias corresponde al Instituto Canario de Administraciones Púbicas, organismo adscrito a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y que dirige su excompañero de partido Francisco Hernández Spínola”.
Finalmente, IC recomienda que si ha advertido con tanta claridad esa deficiencia de formación, impulse, de la mano con Hernández Spínola, la organización de “cursillos” que solvente tan grave problema. Después puede vender el producto de las clases, si efectivamente se realizaran, como un logro de su partido en beneficio de una legalidad tan pisoteada por culpa de la corrupción.