El PSOE destaca el amplio consenso con que sale el dictamen de la subcomisión de discapacidad
{mosimage}SB-Noticias.- El pleno aprobó una proposición no de ley, elaborada por el Grupo Mixto, en la que se insta al Gobierno de Canarias a incluir “cláusulas y obligaciones de tipo social y medioambiental “en los Pliegos de Cláusulas en la Contratación Administrativa en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y empresas/fundaciones públicas, así como en sus anuncios de licitación y contratos”.
El texto de la proposición no de ley, a la que se incorporó una enmienda del grupo socialista, fue defendido por Pedro Justo (Grupo Mixto) y debatido por los diputados José Ignacio Álvaro (Grupo Socialista Canario), Flora Marrero (Grupo Nacionalista Canario) y Antonio Luengo (Grupo Popular).
En él, el Parlamento de Canarias recoge que “durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista no podrá disminuir unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y salario, en términos anuales, ni tampoco cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento a los trabajados destinados a la ejecución del contrato, en función del convenio colectivo que resulta de aplicación y salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores”.
Asimismo la proposición no de ley, insta a incluir una cláusula por la que dichas empresas “promuevan el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, con especial atención a las personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar, que estén desocupadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario”.
Las empresas contratistas deberán cumplir, entre otros criterios, con “la eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral”, propiciando de modo activo la paridad en la prestación de servicios y la realización de funciones; “la articulación de medidas que combatan activamente el paro, incentivando la inclusión de personal directamente proveniente de la situación de desempleo; y “el fomento de la formación continua durante la ejecución del contrato, como garantía del adecuado servicio al ciudadano”.
Además, el texto insta a “establecer que el 1% de las contrataciones de obras y servicios que el Gobierno de Canarias y el resto del sector público dependiente del mismo se encuadren en un mercado protegido, destinándolas a las empresas de inserción para que realicen la contratación laboral de colectivos de riesgo de exclusión social y en situación de exclusión social”.
En esta línea piden también que “se incorpore a los pliegos de condiciones técnicas de contratación un artículo específico que contemple en los criterios de adjudicación una puntuación de al menos un 10% de peso específico en la valoración global de las propuestas de licitación en procedimientos de contratación, el hecho de que la empresa esté catalogada e inscrita en el registro correspondiente al Gobierno de Canarias como empresa de inserción social”.
“Promover que los diferentes órganos de contratación del Gobierno de Canarias, de empresas públicas y organismos autónomos dependientes del mismo, observen esta prioridad en la contratación de obras y servicios, por la modalidad de contratos menores, así como en el desarrollo de convenios específicos que promuevan la contratación de personas de riesgo de exclusión social y siempre en el marco legal vigente y de la ley de Contratos del Sector Público”, añade el texto de la proposición no de ley aprobado.
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El PSOE destaca el amplio consenso con que sale el dictamen de la subcomisión de discapacidad
Rosa Jerez agradece a los colectivos el haber logrado que los grupos parlamentarios “hayan entrado en el mundo de la discapacidad”
Canarias, 25 de marzo de 2015.- La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Jerez, destacó este miércoles el “amplio consenso” con que ha contado el informe de la subcomisión de discapacidad, aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara. “Se ha trabajado a conciencia y en profundidad; el dictamen recoge el sentir y la preocupación de todos los colectivos, de instituciones y de personas particulares y plasma el conjunto de sus reivindicaciones y demandas”, dijo durante la sesión.
Para la diputada, el documento “refleja en gran medida la realidad de cada isla y es un informe para la accesibilidad universal que nace del trabajo de todos, no de una fuerza política”. Subrayó que la implicación en los trabajos “fue en aumento a medida que transcurrían las sesiones” y aprovechó su intervención para reconocer la labor desarrollada por el Cermi, “por hacernos entrar en el mundo real de las personas con discapacidad” así como por los portavoces del resto de grupos de la Cámara y por el letrado.
“Hemos dejado detrás de la puerta nuestras diferencias políticas para ponernos en la piel de los intervinientes”, aseguró. Explicó que en total se desarrollaron 16 sesiones con 32 comparecencias y destacó, de entre las conclusiones, la creación de una comisión permanente que trate específicamente y de manera transversal la situación de la discapacidad en Canarias, “para de esta forma conseguir que la igualdad de oportunidades de estas personas sea una realidad”. Esta comisión, dijo, será la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas y de la normativa existente en la materia.
Otra de las conclusiones que resaltó es la necesidad de que Canarias cuente con una ley de servicios sociales que ponga a disposición una cartera de servicios garantizados. Asimismo, se plantea que los datos estadísticos referentes a la discapacidad que se encuentren en poder de las distintas consejerías o de otras administraciones puedan ser sistematizados y ordenados, de forma que la ciudadanía de canarias pueda conocerlos de forma inmediata y clara.
Por otra parte, indicó que se contempla como primordial que las personas con cualquier discapacidad puedan acceder a la educación, a la formación de calidad en igualdad de condiciones, con la finalidad de poder aspirar a un puesto de trabajo. “Se pide la plena integración de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, ya que es el colectivo con más paro superando hasta el 50 por ciento (ocho de cada diez personas con discapacidad está en paro)”.
Para concluir, hizo hincapié en que se trata de “un gran documento, una guía que los colectivos de discapacidad pueden exigir al próximo gobierno que salga de las urnas”. Jerez ofreció a estas personas “todo el apoyo y colaboración para los nuevos retos que se planteen en esa comisión”.