Destaca las ventajas de este sistema que permite asistir a las audiencias desde cualquier parte del mundo
{mosimage}SB-Noticias.– El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, presentó hoy un nuevo sistema, pionero en España, cuyo uso acerca a los ciudadanos el servicio del sistema arbitral de consumo, y que permite celebrar reuniones a través de videoconferencia, evitando así desplazamientos del ciudadano y de los técnicos que gestionan el servicio.
Gustavo Matos señaló que el sistema “es muy sencillo. Los ciudadanos que hagan uso del Sistema Arbitral de Consumo que tengan prevista la celebración de una audiencia para resolver su caso concreto reciben en su correo electrónico un enlace para conectarse a este sistema de videoconferencia el día y a la hora indicada. Lo realmente ventajoso es que pueden hacerlo desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea un ordenador, una tableta o un teléfono móvil”.
Con este nuevo sistema, además de evitar a los ciudadanos desplazamientos que en muchas ocasiones les causan un trastorno, también se consigue agilizar el servicio, ya que se evitan también los desplazamientos de los árbitros y los técnicos encargados de la Junta Arbitral de Consumo.
El director añadió que esta actuación “es un verdadero acercamiento de la administración al ciudadano, ya que facilitamos al máximo su acceso a nuestros servicios. También considero que supone un nuevo impulso al derecho de los consumidores a reclamar cuando no están de acuerdo con un servicio que se les ha prestado, ya que derribamos las barreras físicas, que condicionan a las personas de manera importante”.
El sistema de videoconferencia permite también la grabación, con lo que las audiencias que se celebren quedarán registradas durante un periodo máximo de seis años.
Gustavo Matos aprovechó la presentación para recordar que el Sistema Arbitral de Consumo es un servicio que permite la resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empresas, cuyas resoluciones o laudos son vinculantes para ambas partes y, por tanto, de obligado cumplimiento. Matos destacó especialmente “el carácter gratuito y público de este servicio, que evita en numerosas ocasiones acudir a la justicia para resolver estos desacuerdos y, en consecuencia, gastos, esperas y trámites burocráticos”.