El magistrado no cree que el alcalde de La Laguna presionara para que se llevara a cabo la contratación, sino que sólo se interesó por la misma
{mosimage}Canariasahora.- El magistrado que instruye el caso Corredor ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha sobreseído al alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, del delito de tráfico de influencias en la contratación de dos personas en la empresa Urbaser, responsable de la limpieza y recogida de residuos sólidos en ese municipio.
González Prieto también ha quedado eximida de cualquier posible delito por haber pedido al alcalde ese favor, ya que ese comportamiento "no tiene la entidad, intensidad, fuerza y argumento" para que se catalogue como una acción de influir para el alcalde resolviera administrativamente la contratación.
El juez estima de esa manera el recurso que interpuso la Fiscalía y al que se adhirió la defensa de Clavijo, al no haber una acción instigadora para que se llevase a cabo la contratación, sino que tan sólo se interesó en saber si el afectado iba a ser llamado de nuevo a trabajar como eventual.
No es la única buena noticia para Fernando Clavijo, que esta tarde ha sabido, por otro auto del juez Cesar Romero Pamparacuatro, que también ha quedado libre, al menos provisionalmente, del tráfico de influencias en relación al retraso del precinto del pub Utopía, en la zona de ocio llamada el Cuadrilátero, propiedad de Evaristo González y que regentaba su hombre de confianza y presidente de la Fecao, José Antonio Santana.
Como en el caso de Urbaser, el magistrado no considera que las conversaciones entre Clavijo y la concejal de Ordenación del Territorio en la Laguna, Aymara Calero Tavío, contengan los elementos propios del tráfico de influencias, sino que se limitó a recibir un sms de Santana y puso en conocimiento de Calero la situación de cierre del local Utopía.
Sin embargo, el magistrado sí considera que Aymara Calero Tavío habría incurrido en un delito de prevaricación, y José Antonio Santana, en otro de tráfico de influencias, ya que la concejal le indicó al hostelero qué debía hacer para retrasar ese cierre, como era presentar un recurso contencioso contra la sanción y que la Gerencia de Urbanismo tuviera conocimiento del mismo.
En el mismo auto, con fecha de 3 de febrero, Pamparacuatro resuelve que no ha lugar a que declaren Fernando Clavijo, Evaristo González Reyes, José Antonio Santana y el policía local Francisco Portocarrero por como imputados por tráfico de influencias en relación a la no tramitación de actas sancionadoras a otro local de González Reyes, el pub Palco, aunque deja claro que hay indicios de un delito de prevaricación, por lo que citará a declarar como testigos a una técnico, tres policías locales y el propietario de un restaurante, cuyo expediente sancionador se abrió al tiempo que el del Palco, aunque su local sí fue clausurado.
Aymara Calero también ha quedado imputada por prevaricación, y deberá declarar por ello en los próximos días, por la concesión de licencias de apertura sin los informes técnicos de una cafetería llamada La Estación.
La sentencia del primer juicio del caso Unión no sólo condena a todos los acusados de la pieza, sino que habla de "buena praxis" del magistrado
La sentencia del primer juicio del caso Unión no sólo condena a todos los acusados de la pieza que se juzgó el pasado mes de octubre, sino que respalda la instrucción desde su inicio, tanto la del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, como de las siguientes juezas instructoras. La Audiencia Provincial, en un fallo de más de 130 páginas plagado de jurisprudencia, no acepta ninguna de las nulidades solicitadas por las defensas.
La Sala condena a Dimas Martín a cinco años y medio de cárcel, al ex consejero del Gobierno canario, Rodríguez Batllori, a siete años y tres meses, a la ex edil de Arrecife del PIL Luisa Blanco a cuatro años y medio, a la ex consejera de Insla, también del PIL, Plácida Guerra, y al ex gerente de la empresa, Rafael Elorrieta, a cinco años cada uno y al ex concejal de Arrecife José Miguel Rodríguez a un año por colaborar con la Fiscalía y devolver el dinero. Se les condena por fraude, malversación y prevaricación, y a Batllori, además por falsificación de documento mercantil (por las facturas que presentó).
Los acusados tendrán que devolver el dinero que cobró Batllori: 19.000 euros en Arrecife y 26.000 en Inalsa. La sentencia considera probado que Batllori cobró como asesor sin haber hecho esos trabajos de asesoría y que lo hizo para hacer gestiones personales en favor de Dimas Martín, que fue el que indujo a los cargos del PIL a que le contrataran. La sentencia señala que Batllori no podía cobrar de estas instituciones porque era funcionario del Gobierno canario y que tampoco pudo ser contratado verbalmente porque es un tipo de contrato que no existe en la Administración.
La sentencia, cuyo ponente es Carlos Vielba, acaba con muchas especulaciones, regadas por los propios acusados, sobre la validez del procedimiento, que habían querido pintar como una chapuza judicial o como una conspiración. Ni una cosa ni la otra. La Audiencia da por bueno todo lo que hizo el juez Pamparacuatro y la Fiscalía.
También valida la investigación de la UCO. De hecho, dice el fallo que “no existe ninguna actuación de los miembros de la Guardia Civil actuantes en las diligencias de investigación ni en la detención de alguno de los hoy acusados que vulnere derecho fundamental”, y señala que la intromisión en los derechos fundamentales de los acusados está amparada por las resoluciones dictadas por el juez instructor “consecuentemente motivadas y proporcionadas”.