Recuerda que esta norma, nacida de una iniciativa popular, supone un compromiso firme para mejorar el sistema educativo de las Islas
{mosimage}SB-Noticias.– El PP intenta realizar una impresentable operación de derribo centralista contra la educación pública canaria al iniciar el proceso de impugnación de la Ley de Educación aprobada por su Parlamento, cuestionando buena parte de su articulado y preparando el camino para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría su paralización.
Son muchos los artículos y contenidos que el PP quiere suspender o descafeinar, entre ellos los relativos a educación infantil, Formación Profesional, ejercicio de la función docente, evaluaciones de diagnóstico o estabilidad del personal interino. Una vez más, el centralismo del PP quiere impedir el desarrollo legislativo de nuestra Comunidad en una norma que pretende incrementar la calidad de la educación y responder a los retos de Canarias en esta materia.
Por Tenerife recuerda que la ley supuso un amplio y riguroso trabajo de la Cámara y de sus grupos, recogiendo las aportaciones de la plataforma que, con el apoyo de más de 35.000 firmas, presentó la ley de iniciativa popular. Alcanzando un elevado grado de consenso parlamentario al ser aprobada con los votos de PSOE, CC y Nueva Canarias.
Entre los elementos positivos de esta ley destacan el compromiso por la educación infantil de cero a tres años y por las escuelas infantiles públicas, la apuesta por el bilingüismo, así como el reconocimiento de la labor que desarrollan los docentes y la inclusión de contenidos canarios.
Asimismo, la norma defiende decididamente la atención a la diversidad y la compensación de las desigualdades, en el marco de una escuela canaria inclusiva; y la autonomía de los centros educativos.
Además, establece un compromiso de crecimiento presupuestario en materia educativa, que obliga al Gobierno de Canarias a pasar del 3,4% actual al 5% del PIB en los próximos años. Algo que, lamentablemente, no hemos visto reflejado en este Presupuesto para 2015.
Todos estos avances se pueden ver cercenados por la actitud cerril de los conservadores españoles, en una decisión que confirma su autoritarismo, su centralismo y su visión elitista de la educación.