{mosimage}EFE.- El pleno del Congreso ha convalidado este martes el real decreto de reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, el "mejor instrumento con que ha contado nunca Canarias para potenciar su desarrollo económico" en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Montoro ha defendido en el pleno esta reforma avalada por unanimidad por el Parlamento canario y que, según ha dicho, establece como objetivo prioritario la creación de empleo en un archipiélago que "sufre de las mayores tasas de desempleo de España".
Tras recordar que el Gobierno cumple así con uno de sus compromisos de legislatura, el ministro ha destacado dos valores políticos que han posibilitado el nuevo REF: el del "consenso" y el de la "diversidad del Estado español".
Un consenso que, ha dicho, ha sido posible gracias a la "negociación leal y constructiva en un clima franco de cooperación" entre el Gobierno de España y el de Canarias, con el respaldo de todos los grupos de allí.
Montoro ha puesto al REF como "ejemplo de la facilidad con que se pueden desarrollar singularidades en los distintos territorios de España al amparo de los estatutos de autonomía y la Constitución".
Además, ante los que "cuestionan la viabilidad de nuestra forma de Estado", ha garantizado que se puede incluso "perfeccionar un régimen como el de Canarias, que puede potenciarse en términos de seguir ganando autogobierno como un ejemplo de éxito del Estado de las autonomías y el consenso".
Según ha explicado, el nuevo régimen fiscal canario prevé incentivos para la creación de empleo en el archipiélago, profundiza en la diversificación de la actividad económica e introduce una deducción por inversiones en territorios de África Occidental.
También aumenta los límites de las bases imponibles del tipo reducido del 4 % sobre el impuesto de sociedades, equipara los supuestos de las inversiones directas e indirectas y mejora la deducción por innovación tecnológica del 32 % al 45 %.
"Cuanto más empleo cree una empresa, menos impuestos pagará", ha resumido el ministro, si bien ha reconocido que la iniciativa no puede ir más allá de la normativa de la UE, que señala que el ahorro fiscal no puede superar el 10 % del beneficio neto de una entidad.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha subrayado que hoy es "un día de gran satisfacción" que "pone en valor" el consenso alcanzado para esta reforma, no sólo en Canarias sino también entre el Gobierno central y el autonómico.
Oramas ha señalado no obstante que en Canarias se sigue esperando por una actualización de la Constitución en la que figure la condición de Canarias como región ultraperiférica, que ya reconoce la UE, y que debería ser un hecho que obligue al Gobierno central, sea del partido que sea, a cumplir con las necesidades específicas del archipiélago.
Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha valorado esta reforma pero ha lamentado que no contenga algunas de las propuestas de su partido, como la de que no se minoren las cotizaciones para pymes y autónomos mientras la tasa de paro sea tan alta.
Quevedo ha advertido de que este nuevo REF no es suficiente para la lucha definitiva contra el desempleo en las islas.
La socialista Patricia Hernández también ha admitido que la reforma introduce mejoras pero cree que se ha perdido una nueva oportunidad. "Las mejoras son un analgésico, hemos ido a combatir los síntomas pero no al origen de la enfermedad", ha dicho.
Hernández, que es la candidata del PSOE a la Presidencia de Canarias, ha expresado su deseo de que los responsables de los nuevos gobiernos autonómicos y central tras las elecciones tengan la voluntad suficiente para alcanzar "un acuerdo más ambicioso" que entre en los problemas de fondo de la economía canaria, porque el régimen actual no lo hace.
José Luis Centella, de IU, ha denunciado por su parte que no ha habido un consenso social en Canarias para esta reforma porque no se ha consultado a los agentes económicos, una afirmación que ha negado la popular Matilde Asián.
La portavoz del PP ha señalado que el nuevo REF supone un "marco fiscal y económico inmejorable" para Canarias, el "más potente" que ha tenido y que ayudará a crear empleo.
El PSOE de Canarias rechaza la “actitud mercantilista” del Gobierno de España y del Partido Popular respecto al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Para los socialistas canarios, “es inadmisible” retrasar la renovación y revisión de los aspectos económicos del REF hasta después de 2016, tal y como ha propuesto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro. “Están intentando convertir nuestro fuero económico en una materia de mercadeo con Canarias”, alertó el vicesecretario de Política Institucional y Economía, Francisco Hernández Spínola, quien defendió que “el contenido del REF es de tal trascendencia para la vida de los canarios que debe quedar preservado de los intereses políticos de los gobiernos itinerantes”.
“La propuesta de Montoro de retrasar la aprobación de la parte económica del REF y ligarla a la reforma del sistema de financiación autonómica constituye un agravio que amenaza en toda regla el hecho diferencial canario”, aseguró Hernández Spínola.
Los socialistas canarios denuncian la inconsistencia argumental en la que ha caído el Gobierno de España ya que los contenidos fiscales del REF, cuya renovación depende de la autorización de las instituciones de la Unión Europea, ya se ha culminado con éxito, mientras que la parte económica, que solo depende del entendimiento entre Canarias y el Gobierno del Estado aún está pendiente de aprobación. “Es un reflejo de la verdadera voluntad política del Gobierno del PP respecto a Canarias”, aseguró Spínola.
El Partido Socialista Canario no sólo defiende la introducción urgente en la agenda política del proceso de negociación del REF económico entre Canarias y España, sino que además su dirección ejecutiva ha aprobado un documento de medidas concretas que pretende servir para impulsar un REF económico que catalice un cambio de modelo económico en las islas, incentivando un sistema social más justo y equilibrado y un esquema productivo más intensivo en capital humano, capital intangible y basado en la innovación.
Para el PSOE de Canarias, resulta “inaceptable que exista un REF de dos velocidades. Aún más cuando el que más rápido avanza es el que más beneficia a las rentas altas del archipiélago y el que se estanca es el que podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de las rentas más modestas”. Esta forma de negociar la revisión del REF está acentuando las desigualdades en el Archipiélago y el Partido Socialista de Canarias se opone frontalmente a que esto continúe siendo así.
Los aspectos económicos del REF quizás no tengan la notoriedad de otros instrumentos fiscales, como la RIC o la ZEC. Sin embargo, influyen muy activamente en aliviar los “sobrecostes” de la lejanía y la insularidad, así como desarrollando un papel relevante en el impulso de la economía del archipiélago.
Entre los aspectos que se engloban bajo este paquete de medidas se incluye la minoración del coste de la energía en las islas, la bonificación del 50% en el transporte de pasajeros entre las islas y en las conexiones con la península, o la compensación del coste del agua reutilizada y desalinizada.
Asimismo, se reconocen los principios de libertad comercial, ausencia de monopolios, medidas de estímulo del sector energético, del sector turístico, de la internacionalización, la formación, y el empleo.
El Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común está perjudicando seriamente los intereses presupuestarios a la Comunidad Autónoma de Canarias y por eso el Partido Socialista Canario defiende su profunda revisión, pero este hecho es independiente de la negociación entre el Gobierno de España y de Canarias acerca de los aspectos económicos del REF.
Los socialistas canarios reiteran que uno de los principales problemas del REF económico ha sido la inaplicación de algunas de las medidas contemplados en el mismo. Por tanto, no basta con abordar y afrontar con predisposición la revisión de los aspectos económicos del REF, también hay que establecer los mecanismos jurídicos necesarios para que, luego, los instrumentos y medidas acordados se apliquen.