Al menos unos 12 mil canarios diagnosticados con hepatitis C tendrían que haber iniciado el tratamiento vetado por el gobierno

{mosimage}SB-Noticias.- La condición de universal y gratuita de la sanidad pública, reconocida en la Ley General de Sanidad y el conjunto de las legislaciones de carácter autonómico, obliga a las administraciones públicas a poner a disposición de los pacientes el tratamiento más efectivo para combatir su enfermedad independientemente del grado de gravedad de su dolencia y el coste del tratamiento, motivo por el cual no es admisible que continúe retrasándose la dispensación del Sovaldi o de cualquier otro tratamiento para los pacientes afectados por hepatitis C. 

El problema planteado con las férreas restricciones para la administración del medicamento, tiene una exclusiva e inadmisible razón especulativa proveniente de la influyente y poderosa industria farmacéutica, quien continúa imponiendo impunemente sus criterios comerciales y de negocio tanto al gobierno español como al conjunto de ejecutivos europeos. A pesar de ello, y al igual que en otras crisis sanitarias, estos continúan con su política condescendiente y de "paños calientes" con las multinacionales aun a costa de la salud y de la vida de los miles de ciudadanos que sufren la enfermedad. La comercialización en la India del producto "Sovaldi" 40 veces más barato (700 euros en un año) que el precio de mercado en Europa, da idea del deleznable comportamiento de las farmacéuticas y de la actitud cómplice de los gobiernos del entorno occidental con la multinacional fabricante del producto que resulta efectivo para combatir la hepatitis en más de un 90% de los casos.

En Canarias, con una estimación aproximada de unos 40 mil afectados por hepatitis C (sólo en torno a un 30% es consciente de sufrirla), la errática gestión de la crisis planteada por la falta de acceso al producto, es mimética a la realizada por el Ministerio español de sanidad.

La oferta hecha por el ejecutivo canario, prometiendo para finales de febrero unos 105 tratamientos dirigidos a los pacientes "más graves", incide en la frivolidad y la indolencia con la que la Consejería de Sanidad toma los problemas de salud de los canarios. Esa oferta por insuficiente y ridícula en relación con el número de afectados, tendría que haber sido sustituida por una exigencia al gobierno del Estado para que en breve plazo, e independientemente del coste del tratamiento, se ponga a disposición de todo aquél canario que la necesite.

El abaratamiento del coste del producto es una negociación que, a estas alturas, tendría que estar ya resuelta con el conjunto de países miembros de la Comunidad Europea, motivo por el cual no debería incidir en el actual y letal retraso del tratamiento de los pacientes y usuarios de la sanidad pública canaria.

Confirmado el hecho que la presión de los afectados más reivindicativos ha sido determinante para que el Ministerio de Sanidad haya iniciado el estudio de acceso al nuevo tratamiento de la hepatitis C, Intersindical Canaria anima a los pacientes del Archipiélago a iniciar de inmediato acciones de protestas que converjan con las ya iniciadas en diferentes territorios del Estado para que la administración del tratamiento se fijen de inmediato y en condiciones de igualdad de acceso y sin discriminación alguna. A esos efectos oferta la colaboración incondicional de los trabajadores y profesionales sanitarios para apoyarles.