{mosimage}SB-Noticias.- El abogado Felipe Campos califica este procedimiento de “persecución ilegal” debido a que la administración ejerce, “sin criterios objetivos”, la potestad sancionadora contra San Borondón, aunque no actúa contra otras muchas emisoras que están en la misma situación. Debido a la inexistencia de criterios objetivos, dicha potestad sancionadora “se ha ejercido de forma totalmente arbitraria y, por tanto, es nula de pleno derecho”, afirma el abogado.
“Las potestades sancionadoras, inspectoras, no pueden ejercerse libremente, sino siempre tienen que estar sometidas a un plan con criterios objetivos” explica el abogado, porque si así se hiciera, las administraciones podrían utilizar su potestad sancionadora de forma arbitraria como ha sido el caso de San Borondón, a quien se persigue por ser un medio crítico”, mientras que a otros medios, en iguales circunstancias, se les tolera.
Por ello, tanto Nueva Canarias como el Partido Popular han firmado un documento pidiendo la paralización de los expedientes, la revisión de oficio y que no se imponga la medida cautelar, es decir el precinto de la emisora y la multa, hasta que se elabore un plan de inspección, si esa es la voluntad política, conforme a criterios objetivos. Ni el Partido Socialista ni, por supuesto Coalición Canaria, han querido firmar ese documento, a pesar de que todos los grupos parlamentarios pidieron en el mes de Febrero, en comisión parlamentaria, que el gobierno paralizara el procedimiento.
Felipe Campos ha informado de que contra este procedimiento, ayer se ha iniciado, finalmente, un proceso judicial en el que ha quedado acreditada la arbitrariedad y, por tanto la nulidad de la sanción a San Borondón, ya que, según explica, “la carga de prueba corresponde a la administración sancionadora y, por tanto, la falta de aportación significa, jurídicamente en el procedimiento, que queda acreditada esa arbitrariedad”. Espera por tanto que, ante la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, los Tribunales de Justicia hagan justicia de verdad, justicia efectiva, y que el tribunal acuerde incluso la medida cautelar que se ha solicitado.
Se ha solicitado la medida cautelar, explica, “porque están en juego derechos fundamentales, la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución está en juego en la medida de que esta ilegalidad esta incidiendo en un derecho fundamental, en los principios fundamentales de nuestro estado de derecho, en nuestra democracia”.
La medida cautelar, asegura Felipe Campos, está fundamentada principalmente “en una intensa apariencia de buen derecho, porque jurídicamente ha quedado acreditada la arbitrariedad, y, por otra parte, en un perjuicio irreparable que se causa a una emisora, si, hasta que haya sentencia, se ejecuta ese precinto que se ha ordenado, y además, en el caso de San Borondón, la multa, porque la multa de 100.000 euros, si no se suspende, dada la ausencia de medios para responder, originaría una vía de apremio y podría determinar una afectación de todo el Centro de la Cultura. Por tanto entendemos que se producen circunstancias jurídicas para suspender esa decisión administrativa manifiestamente ilegal”.
Felipe Campos espera que el tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la jurisdicción Contencioso Administrativa, suspenda esa decisión administrativa manifiestamente ilegal, para que los ciudadanos, en este caso radio San Borondón, puedan tener la tutela judicial efectiva frente a los desmanes de las administraciones. Y estamos, afirma, “ante un desmán en el que se esta intentando acallar a un medio de comunicación crítico y para eso se utilizan las potestades públicas de forma arbitraria”.
Para Felipe Campos esta arbitrariedad está buscada y es querida por el gobierno dado el carácter crítico de San Borondon, que hace lo que los medios de comunicación tendrían que hacer en un estado de derecho: criticar al que gobierna para garantizar el pluralismo político. “Pero aquí vivimos al revés: a los críticos se les persigue y a los afines se les premia” asegura el abogado.