Canarias tacha de "migajas" lo que se ingresaría con la modificación de la Ley de Hidrocarburos
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
El Gobierno de Canarias ha autorizado en su reunión del Consejo de Gobierno de este viernes a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del Estado del requerimiento que formuló en relación al proceso privatizador de la empresa pública Aena.
"Considerando que el requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; el Gobierno de Canarias ha acordado entender rechazada su solicitud, por silencio administrativo. De ahí que proceda el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno de España en defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma de Canarias", sostiene el Ejecutivo regional.
A este respecto, el Gobierno de Canarias considera que el procedimiento "no se ajusta a la legalidad" y asume la gestión de los aeropuertos como una misión "de interés general", "competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa".
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, recordó durante la rueda de prensa posterior al Consejo que Canarias se opone a la privatización de Aena "porque los aeropuertos son infraestructuras fundamentales y estratégicas para la cohesión territorial y social de las islas".
"En una Comunidad Autónoma –continuó– en la que, además, no existen otras conexiones alternativas y rápidas con el exterior, como pueden ser el ferrocarril o la carretera".
Por su parte, Marrero señaló que el Consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, envió el pasado septiembre una solicitud al Secretario de Estado de Infraestructuras y Presidente de Enaire, para que incluyese la advertencia a los "inversores de referencia" de que la Comunidad Autónoma se oponía frontalmente a esta privatización.
De hecho, expuso que lo que le comunicó fue el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, que entendió que se vulnera una Ley Orgánica como es el Estatuto de Autonomía, por lo que mandató a sus servicios jurídicos a que impugnaran todos y cada uno de los pasos que diesen el Consejo de Ministros, el Ministerio de Fomento, Enaire o Aena, S.A., para privatizar esta última.
Además, el Gobierno canario ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la transmisión efectiva de la competencia y se ha rechazado su solicitud, por lo que también acudirá a la Audiencia Nacional para obligar a su convocatoria.
Finalmente, el Gobierno de Canarias ha iniciado también los trámites previos a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, consistentes en solicitar la convocatoria de una Comisión Bilateral en la que negociar previamente con el Estado aquellos aspectos que se consideran inconstitucionales en su decisión de privatizar Aena.
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"Se equivocan los que creen que Canarias está en venta. Están totalmente equivocados, ni siquiera está en alquiler. Esa modificación, a parte de que conceptualmente no las admite el Ejecutivo autonómico, en las cantidades que podrían ser de ingresos a las arcas autonómicas se estarían hablando de auténticas migajas comparado al gasto turístico anual en Canarias", dijo.
En este sentido, señaló que se estarían hablando de unos ingresos de 300 millones de euros con la reforma de la Ley de Hidrocarburos en un periodo de 20 años, "según miembros del Gobierno estatal".
Aquí, recalcó que tan sólo en gasto turístico, Canarias obtendrá este año sobre los 13.000 millones de euros. "Solamente en el plano económico, la cifra [de la modificación] es irrisoria", matizó.
Cuestionado sobre si el Estado se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico para informar sobre este impuesto que compensaría los sondeos en aguas cercanas a Canarias, Marrero apuntó que "ni con eso ni con nada que tenga que ver con las prospecciones".
Finalmente, respecto a cuál será el camino que seguirá el Gobierno canario tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) que rechazó la suspensión cautelar de las prospecciones, el portavoz explicó que "se seguirá batallando en la vía judicial".
"Es sólo un punto y seguido dentro de las línea de la estrategia contra las prospecciones, que es la jurídica. A parte está la línea jurídica y la social. Quien piense que por eso el Gobierno va a tirar la toalla se equivoca, todo lo contrario. Nos reafirmamos en nuestra postura compartida por el 75% de los canarios", concluyó.