Acusan a Wert de diseñar un currículo cada vez más memorístico y “más rancio”, que no cumple con los objetivos europeos de la enseñanza competencial
{mosimage}SB-Noticias.- Los consejeros de Educación de Canarias y Andalucía, la consejera de Asturias y la directora general de Secundaria y Bachillerato de Catalunya, se reunieron para evaluar la implantación de la Lomce y preparar la Conferencia Sectorial del próximo 14 de enero. José Miguel Pérez asegura que “La ley será derogada. Le queda, lo que le queda al PP en el Gobierno”.
El vicepresidente y consejero de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez; el consejero de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso; la consejera de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Ana González, así como la directora general de Secundaria y Bachillerato de la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Teresa Pijoan, se reunieron esta mañana en el Congreso de los Diputados para preparar la Conferencia Sectorial que ha convocado el Ministerio de Educación para el día 14 del próximo mes de enero y valorar el proceso de aplicación de la Lomce.
Los titulares de los departamentos educativos de estas comunidades autónomas han coincidido en solicitar la retirada del RD de Currículo de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ya que, retirado el decreto de especialidades que permitía su compactación, provocará un aumento de los costes de implantación donde el Ministerio había previsto un falso ahorro.
Efectivamente, según informó José Miguel Pérez, consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, el MECD había previsto dos fuentes de financiación de los cambios previstos en la ESO y el Bachillerato: el Fondo Social Europeo y el ahorro producido por la compactación del Bachillerato. “Pues bien, la primera ha generado un problema con la deuda en las comunidades autónomas, obligando a alguna de ellas a renunciar a esta fuente y la segunda se basaba en la reducción de especialidades y debían cubrirla las autonomías, pero eso ya no es posible”
Pérez, que tachó esta nueva situación de “kafkiana”, calificó el empeño del ministro a seguir delante de “huida hacia delante”, ya que, en este nuevo escenario, que complica mucho más el anterior, “los cambios normativos necesarios para la adaptación de la planificación del curso escolar 2015-16, obligarán a las administraciones a hacerse cargo de los riesgos de un coste inasumible y a retrasos en el comienzo del curso escolar por no disponer de los recursos necesarios.
Además, ha sido en diciembre, durante el periodo festivo, cuando se ha aprobado en Consejo de Ministros el decreto de curriculo de la Educación Secundaria y el Bachillerato, cuando el texto ya estaba listo desde julio. Wert ha dejado seis meses en blanco para que no hubiera protestas y lo que ha conseguido es garantizar que no se pueda aplicar el curso que viene, pues hasta que no se publique la normativa básica del estado, las comunidades autónomas no pueden comenzar a hacer su propio desarrollo normativo, y para presentar un primer borrador, las comunidades necesitarían unos tres meses como mínimo. Después, las normas requieren del visto bueno de los servicios jurídicos, memorias justificativas, darlas a conocer a la comunidad educativa, elaborar e implantar planes de formación para el profesorado, etc. En definitiva, una serie de trámites que no se acabarían hasta bien comenzado el próximo curso escolar.
José Miguel Pérez añadió que a este escenario, “ya muy negro”, hay que añadir que “en el mes de mayo habrá elecciones autonómicas y los gobiernos entrantes se van a encontrar con diseños curriculares de ESO y Bachillerato a medio hacer y así no se puede comenzar un curso escolar con garantía de calidad.”
Pérez finalizó manifestando que “instamos al Ministerio a que modifique el calendario de aplicación de la ESO y el Bachillerato para el curso escolar 2015-16, ya que lo que está haciendo es, de nuevo, tender una trampa mortal a las comunidades autónomas, negando la financiación y el tiempo necesario –el legalmente necesario- para desarrollar la normativa básica que el Estado ya debería tener preparada.”