{mosimage}SB-Noticias.-El Parlamento de Canarias aprobó hoy, a propuesta de los grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario, una proposición no de ley en relación con la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que “se insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a descartar el impulso de cualquier iniciativa legislativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE)”.
La proposición no de ley pide al Gobierno de Canarias que “impulse políticas que garanticen el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Canario de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.
En ella, además, la Cámara “considera que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la IVE que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales”.
En este contexto, la proposición no de ley “propone mantener una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el Derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Mediante la propuesta, se solicita al Gobierno de Canarias que impulse políticas que garanticen el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite esa intervención en el Sistema Canario de Salud y, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
En la iniciativa, la Cámara considera que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la IVE que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales.
Asimismo, aboga por mantener una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el Derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En su intervención ante el pleno, Lola Padrón señaló que el éxito social que ha supuesto la retirada de la reforma de la ley del aborto y la dimisión del “retrógrado ideológico” Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia “no puede significar que las mujeres bajemos los brazos, pues aún peligra nuestro derecho a decidir”. Recordó que a cambio de retirar la ley, el PP ha querido contentar a los sectores más ultraconservadores con la modificación del articulado en torno a las menores entre 16 y 17 años que puedan abortar sin información paterna.
Explicó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue muy castigado mediáticamente con el mensaje del PP de que las niñas de 16 y 17 años podrían abortar a su antojo y sin decírselo a sus padres. “Nada más lejos de la realidad. Según los datos de las clínicas abortistas legalizadas en España, los abortos en estas edades sólo son del 3 por ciento y, de ese porcentaje, el 87 por ciento cuenta con información de sus padres”, dijo.
La parlamentaria del PSOE consideró necesario abordar el aborto en profundidad: detectar y combatir los motivos por los que se producen embarazos no deseados exigiendo el cumplimiento de lo establecido en la Ley y poniendo en marcha políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En este punto, precisó que el artículo 11 de la vigente Ley dice que el Gobierno, en cooperación con las comunidades autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales.
La estrategia, dijo, debe ser elaborada con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. Indicó que debería tener una duración de cinco años y establecer mecanismos de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y, en particular, del acceso universal a la salud sexual y reproductiva.
“Nada se ha hecho en esos años; las políticas o acciones de los poderes públicos en materia de educación sexual son prácticamente inexistentes y no se ha trabajado en serio. Lo preocupante es que los jóvenes no cuentan con las herramientas necesarias para decidir consciente y responsablemente sobre su sexualidad”, consideró Padrón, quien recordó que el número de abortos en la sociedad depende fundamentalmente del acceso a una educación sexual adecuada y de la disponibilidad de servicios de información-formación para la ciudadanía, especialmente para los más jóvenes.
Para concluir, hizo un llamamiento a los diputados del PP “para que convenzan a quien sea menester para que se retire el recurso de inconstitucionalidad que presentaron a la ley de plazos”.
En el debate participaron los diputados Román Rodríguez, por el grupo Mixto, Encarna Galván, por el grupo Socialista Canario, Flora Marrero, por el grupo Nacionalista Canario y Milagros Bethencourt, por el grupo Popular.
El texto presentado por todos los grupos parlamentarios propone crear “una comisión con representantes de todas las áreas de gobierno, coordinada desde la Consejería de Política Social, que emita un informe anual de evaluación del impacto sobre la infancia de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, en aras de recortar la brecha social que está generando en los niños y niñas la actual crisis económica. Invitando también a los gobiernos insulares y municipales a realizar un análisis y seguimiento en los presupuestos destinados a la infancia y su evolución”.
Por su parte, el Parlamento se compromete a que “con carácter anual, y en el marco de la Comisión parlamentaria de Asuntos Sociales, se celebre una sesión sobre el estado de la situación de los niños/as en Canarias. Además, de cara a la próxima legislatura se propone la creación de una Comisión de Estudios sobre la Infancia en el Parlamento”.
Asimismo, la proposición no de ley propone “la elaboración de informes de situación de la infancia, con mecanismos de recopilación y análisis sistemático de datos, y en base a indicadores específicos desarrollados para medir el bienestar infantil desde un enfoque de derechos, con objeto de conocer en profundidad la realidad de este colectivo y poder hacer un seguimiento periódico tanto de la situación de la infancia y adolescencia como de las medidas implementadas”.
Desde la Cámara regional, se “reconoce la necesidad de elaborar planes municipales, insulares y autonómicos y/o políticas de infancia estableciendo prioridades y metas medibles basadas en las necesidades específicas de la infancia y se compromete a trasladar esta necesidad a las distintas administraciones”.
En el ámbito de la educación, el Parlamento pide “a los gobiernos de Canarias y de España a favorecer las acciones dirigidas a garantizar una educación inclusiva y de calidad. Garantizando una oferta educativa en la primera infancia y las prestaciones adecuadas para los niños/as susceptibles de sufrir alguna limitación en su proceso de desarrollo. Incluyendo la mejora del sistema de becas para aquellas familias que no pueden hacer frente a ciertos gastos asociados con la escolarización de sus hijos”.
De manera paralela, la Cámara “reconoce la necesidad de crear y desarrollar estructuras de participación estables y continuadas a nivel municipal, insular y autonómico, que incluya la participación infantil y la participación de profesionales y colectivos involucrados en el trabajo de defensa y protección de los derechos de la infancia, y así se lo sugerirá a las administraciones correspondientes”.
El texto aprobado, que fue defendido por el diputada Gloria Gutiérrez pide que se “implante con carácter de urgencia el Programa de Garantía Juvenil en España” y propone que “sean las comunidades autónomas, como depositarias de las competencias de ejecución en materia de empleo y educación, las que gestionen el 100% de los fondos europeos que perciba España para la aplicación de dicho programa”.
En el debate intervinieron también la diputada popular Aurora del Rosario y los diputados Pedro Justo e Isaac Castellano, por los Grupos Mixto y Nacionalista Canario, respectivamente.