Estas actuaciones se producen en el marco de una nueva fase de la 'operación Madeja'
{mosimage}La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas en Lanzarote y Gran Canaria en el marco de la 'Operación Enredadera', una tercera fase de la llamada 'Operación Madeja', en la que se prevé una treintena de detenciones, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Fitonovo es una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según explica la Guardia Civil.
Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza como dinero o vehículos. Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.
Del análisis de la información incautada en aquella investigación, la Guardia Civil ha averiguado que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, "habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación. A su vez crearon una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.
Las detenciones y registros de esta 'operación Enredadera' están teniendo lugar en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Gran Canaria. Entre estas actuaciones se encuentra el registro de la Diputación de Sevilla o la detención de un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.
A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
A juicio de los investigadores, las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas.
Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Sevilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.