
Es una obra delictiva, que tiene que demolerse porque la alternativa, que sería que el planeamiento futuro la recoja dentro de la legalidad, contradice la doctrina del Tribunal Supremo, dijo
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SB-Noticias.- El abogado Felipe Campos considera positiva la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el edificio de aparcamiento de la playa de Las Teresitas, conocido popularmente como “el mamotreto”, aunque, jurídicamente, le parece harto discutible que se deje en manos del Ayuntamiento la posibilidad de aprobar un Plan Especial futuro donde se recoja el mamotreto y se permita su legalización.
Dicho esto, el letrado ha señalado que, cuando se examina la sentencia, en el Fundamento Décimo donde se trata el tema de la demolición, la propia sentencia parece dar un salto abrupto porque después de estar explicando que “….en este delito el derribo de la obra es lo que tiene mayor eficacia contramotivadora y por lo tanto mayor fuerza de prevención general, que es una finalidad esencial del derecho penal, la prevención”, citando la doctrina del penalista Quintero Olivares, —es decir que el derribo del edificio ha de servir como prevención para que nadie quiera arriesgarse a cometer un delito similar en el futuro—, sorprendentemente, la sentencia viene a dejar en manos del Ayuntamiento la posible legalización al indicar que podrá no demolerse si el Ayuntamiento cambia el planeamiento vigente y esta parte queda remitida a un Plan Especial que habría de aprobarse a partir de ahora. La sentencia deja abierta esa posibilidad, pero a día de hoy, afirma rotundamente Campos, el mamotreto, como también lo hace el colegio de La Salle, incumplen el planeamiento vigente.
Una obra delictiva, asegura Campos, tiene que demolerse, porque la alternativa, que sería que el planeamiento futuro recoja el mamotreto, está contradiciendo además la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que ha anulado estos supuestos por considerar que se trata de un fraude de ley, porque un planeamiento tiene como finalidad el ordenar la ciudad y no puede hacerse para legalizar algo ilegal y, en este caso, se trata de una obra no solamente ilegal sino delictiva. Dejar en manos de un tercero el que tenga que derribarse el mamotreto parece absurdo, señala Felipe Campos, y esta sentencia es una especie de llamada a que esta obra pueda ser recogida en el planeamiento futuro y legalizarse.
Pero aún así la sentencia es positiva porque es probable que nadie se atreva a aprobar un planeamiento que permita legalizar y no derribar este edificio. Es difícil, opina Campos, que alguien tenga la osadía, el atrevimiento, el descaro, de aprobar de forma fraudulenta un planeamiento que permita mantener en pie una obra delictiva. Es difícil que alguien asuma esta actitud tan fraudulenta y se atreva a mantener en pie un edificio que es un monumento al delito.
Felipe Campos añade que José Ángel Martín tiene ahora en sus manos la posibilidad de aprobar el Plan Especial del frente de playa de forma que se respete el planeamiento de hoy, el que, claramente y de forma fraudulenta, incumplieron los responsables del levantamiento del mamotreto, dando así cumplimiento a la sentencia y exigiendo el derribo, los gastos del mismo y los daños de construcción a los responsables.
Campos manifiesta que se puede afirmar sin lugar a duda que los que lideraban el Ayuntamiento eran corruptos, delincuentes. Urbanismo estaba dirigida por personas corruptas y en los últimos párrafos de la sentencia se dice: “….revelándose un comportamiento por parte de los condenados groseramente despreciativo de las más elementales reglas de actuación en relación a un proyecto de edificación y unas obras de gran envergadura económica”, por lo que la sentencia confirma su ilegalidad, ordena el derribo y solamente deja abierta esa posibilidad, muy discutible en opinión de Campos, a que alguien apruebe un planeamiento a la medida de una obra que constituye un delito.
Desgraciadamente, como hemos venido observando, añade Felipe Campos, hay muchos intereses para que ese edificio se mantenga en pie, y tenemos la experiencia de que las obras de los poderosos casi nunca se derriban, solamente se derriban las construcciones de los que no tienen poder, y si se derriban casi nunca se hace a coste de ellos sino que lo pagamos todos nosotros.
Tenemos, por tanto que seguir luchando porque esta obra se tiene que derribar, no solamente por la estética o por razones ambientales, sino para hacer ver a los ciudadanos que no podemos permitir la impunidad, que la ley es igual para todos y que todos tenemos que cumplirla en la misma medida, ha asegurado Campos.


