{mosimage}SB-Noticias.- La consulta popular sobre las prospecciones de petróleo y gas en Canarias, impulsada por la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones y el conjunto del movimiento social contrario a dicho proyecto, que finalmente el Gobierno de Canarias aprobó para el día 23 de noviembre, constituye un logro importante en tanto abre el camino para que, en esta y otras cuestiones fundamentales, la decisión que se tome desde las administraciones, pase necesariamente por la consulta de la voluntad popular.
Desde nuestro punto de vista, la pregunta planteada si bien no es lo suficientemente directa ni la que hubiéramos deseado, es aceptable en tanto cumple los mínimos planteados por el movimiento social. En este sentido cabe aclara que si bien Intersindical Canaria apuesta decididamente por la consulta, por una amplia participación y hará decidida campaña por el NO. Esto no significa que no mantengamos como lo hemos hecho siempre una crítica frontal tanto a un modelo turístico depredador con el medio ambiente y basado en la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras, a un supuesto modelo ambiental prácticamente inexistente y que permite atentados tan graves a nuestro medio como el proyecto de Tindaya o el Puerto de Granadilla, y en definitiva nos reafirmamos en nuestra clara apuesta por un cambio profundo y estructural del modelo de desarrollo imperante en las islas.
En este contexto, la decisión del Gobierno del Estado de recurrir la Consulta sobre las prospecciones demuestra una vez más su espíritu antidemocrático, su visión colonial y su absoluto desprecio por el pueblo Canario, al impedir siquiera que se nos pregunte una opinión sobre la afectación a nuestro medioambiente y a nuestro principal sector económico de un proyecto de alto riesgo y nulos beneficios como es el de las prospecciones. Ante ello, Intersindical Canaria plantea que en un ejercicio de democracia y soberanía popular la consulta del 23N debe llevarse a cabo independientemente de lo que diga Madrid o el Tribunal Constitucional.
En este contexto, la decisión del Gobierno del Estado de recurrir la Consulta sobre las prospecciones demuestra una vez más su espíritu antidemocrático, su visión colonial y su absoluto desprecio por el pueblo Canario, al impedir siquiera que se nos pregunte una opinión sobre la afectación a nuestro medioambiente y a nuestro principal sector económico de un proyecto de alto riesgo y nulos beneficios como es el de las prospecciones. Ante ello, Intersindical Canaria plantea que en un ejercicio de democracia y soberanía popular la consulta del 23N debe llevarse a cabo independientemente de lo que diga Madrid o el Tribunal Constitucional.